Frentes para reducir el yugo energético
El déficit comercial de España, esto es, la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones, descendió un 25% el pasado enero hasta situarse en 3.650 millones. La cifra, que supone un retroceso hasta niveles registrados en 2003, evidencia un crecimiento sostenido de las exportaciones españolas a la vez que un recorte de las importaciones. Se trata, sin duda, de una buena noticia, dado que revela una rebaja en nuestra dependencia del exterior. Pero esa buena noticia lo sería en grado considerablemente mayor si se pudiese eliminar de ese saldo el enorme lastre de las importaciones de energía. El resultado de ese ejercicio teórico supondría el abandono de los números rojos del déficit comercial para pasar a los negros del superávit, con una cifra positiva de algo más de 184 millones de euros.
Todo lo anterior no hace más que recordar el problema del exceso de dependencia energética que España arrastra de forma casi endémica y cuyos efectos se hacen notar con mayor virulencia en épocas de contracción económica y evolución al alza del precio del petróleo. Con una dependencia energética superior al 80%, buena parte de la cual corresponde a la factura del crudo, la necesidad de aligerar el peso de ese lastre sobre la economía española constituye un objetivo prioritario que no debe esperar más.
En esa ambiciosa tarea hay que diferenciar dos frentes de batalla: uno estructural y el otro coyuntural. El primero resulta incomparablemente más importante, aunque también más complejo, y pasa por clarificar definitivamente un nuevo modelo energético para España. Ello incluye definir de una vez por todas un mix energético más equilibrado, construido bajo criterios de eficiencia económica y en el que la excesiva dependencia del petróleo vaya perdiendo peso progresivamente. El segundo frente, de carácter coyuntural, supone respaldar todas aquellas iniciativas del sector energético que puedan ayudar a reducir poco a poco ese exceso de dependencia del crudo. Un ejemplo de esta última vertiente es la autorización que el Gobierno ha concedido a un consorcio internacional liderado por Repsol para que lleve a cabo prospecciones petrolíferas a unos 60 kilómetros de las costas de Canarias. Aunque la decisión ha sido muy mal recibida por el Gobierno canario, que teme que los riesgos inherentes a los sondeos puedan dañar el turismo, el potencial económico que para las islas y el conjunto de España tendría el hallazgo ha de valorarse. Es imprescindible que las dos Administraciones logren un acuerdo satisfactorio para ambas. Y más cuando Marruecos ha autorizado prospecciones justo en el mismo yacimiento.