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Sector público

La deuda pública crece a un ritmo de 251 millones al día

Alcanza ya el 68,5% del PIB, el nivel más alto en democracia

El conjunto de la Administración pública de España cerró 2011 con una deuda de 734.961 millones de euros, el 68,5% del PIB, el nivel más alto registrado en democracia y lejos del 60% que exige la UE. Los datos que el Banco de España publicó el viernes revelan que el sector público se endeudó a un ritmo frenético de 251 millones al día.

Si bien la Administración central acumula un mayor nivel de pasivos, fueron las comunidades autónomas quienes más incrementaron su nivel de deuda. En solo doce meses, el endeudamiento autonómico aumentó un 17% y ya representa el 13,1% del PIB, la cifra más alta de la historia. En los últimos cuatro años de crisis, la deuda autonómica se ha incrementado un 130%, una cifra que vale más que mil palabras para ilustrar el fuerte deterioro de las finanzas territoriales.

Esta situación es consecuencia del elevado déficit público, que en 2011 alcanzó el 8,51% del PIB. Ello obliga a la Administración a recurrir a los mercados de deuda para cumplir sus obligaciones de pago. En el corto plazo, el nivel de endeudamiento mantendrá una tendencia alcista en la medida en que los ingresos seguirán siendo inferiores a lo gastos. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy no contempla cumplir los umbrales que exige Bruselas hasta 2020. Con todo, la deuda pública en España se encuentra por debajo de la media europea y de países como Alemania.

Las regiones deben 140.000 millones, un 130% más que antes de la crisis

Cataluña, la más endeudada

Por comunidades autónomas, la deuda de Cataluña es la más elevada al superar el 20% del PIB, muy lejos de la media. Le sigue la Comunidad Valenciana (19,9%) y Castilla-La Mancha (18%). Estas tres comunidades también son las que presentan mayores números rojos. En el lado opuesto, destaca la Comunidad de Madrid, cuyo endeudamiento no alcanza el 8% del PIB. En números absolutos, la deuda de Cataluña suma 41.778 millones, el 30% del total, un porcentaje que llega al 45% si se suma el pasivo de la Comunidad Valenciana (20.762 millones). Estas dos comunidades, junto con Madrid, acumulan más de la mitad de los 140.000 millones que deben las regiones.

El endeudamiento de comunidades y ayuntamientos también sufrirá un importante incremento este año por el plan de proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno y que puede llegar a elevar el nivel de pasivos en unos 35.000 millones al convertir la deuda comercial (facturas sin pagar) en deuda financiera que los entes territoriales deberán devolver a la banca tradicional y al ICO.

Con todo, las entidades locales fueron la única Administración Pública que logró recortar ligeramente, en once millones, su nivel de endeudamiento, que fue de 35.420 millones (un 3,3% del PIB). A ello contribuyó decisivamente Madrid, la ciudad más endeudada de España en números absolutos y que redujo en 2011 su pasivo en 105 millones. La deuda del ayuntamiento madrileño cerró el pasado ejercicio en 6.348 millones, cinco veces más que, por ejemplo, Barcelona. De hecho, solo Madrid es responsable del 18% de todo el endeudamiento local.

Los límites están para incumplirlos

La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya ha iniciado su trámite en el Congreso contempla que el límite máximo de deuda pública autonómica no puede superar el umbral del 13%. El conjunto de las comunidades rebasaron por una décima (13,1%) dicho límite. Sin embargo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares fueron los únicos territorios que sobrepasaron, y con creces, la línea roja del 13% que marca la normativa que todavía no ha entrado en vigor.Otras regiones como Navarra, Galicia, o La Rioja se quedaron a un paso de superar dicho máximo. De hecho, el primer borrador de la Ley de Estabilidad Presupuestaria contemplaba que las comunidades no pudieran registrar una deuda pública superior al 10%, una exigencia que el propio Gobierno decidió suavizar. Una buena noticia para las regiones, ya que diez de ellas rebasaron ese umbral. La normativa prohibirá nuevas "operaciones de endeudamiento neto" a comunidades que incumplan la norma presupuestaria.

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