El Gobierno pone a los empleados de empresas públicas en la diana
Unos 180.000 empleados viven pendientes de las próximas palabras de Montoro o de cualquier responsable político de peso. Son los trabajadores de empresas públicas dependientes del Estado, muchas de ellas en pérdidas.
El Gobierno y, muy especialmente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han hecho del trabajo en las empresas públicas estatales una profesión de riesgo. Si hace un año fueron las dependientes de las Comunidades Autónomas las que se pusieron en el punto de mira, ahora son las estatales las que viven en el ojo del huracán.
Y todo en busca de la reducción del déficit y la contención del gasto. Una vez que se han subido los impuestos y se han drenado los fondos a disposición de los ministerios, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy está pasando revista a las entidades públicas empresariales y a las sociedades mercantiles para ver dónde se puede meter la tijera.
Es "fundamental" eliminar empresas públicas, porque "no están generando servicios y dan lugar a todo tipo de corruptelas", aseguró el pasado lunes el ministro Montoro desde Málaga, en declaraciones recogidas por varias agencias de noticias. El alto cargo no se quedó ahí. En algunas de estas empresas el tipo de gestión es "anómalo"; otras "dan cobijo" a empleos que "no van relacionados con la oferta de servicios públicos y eso es un empleo improductivo, gravoso y costoso para todos". ¿Su conclusión? "Hay que adelgazar esa parte de la administración rápidamente e ir a criterios de transparencia", sentenció.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ya lo había advertido. En muchas empresas públicas no tendrán más remedio que despedir porque, según sus propias palabras, "están redimensionadas".
El Gobierno se ha tomado en serio la tarea y está mirando el listado de empresas públicas para decidir dónde aplica el corte. Pero no es una investigación sencilla. De los distintos ministerios penden decenas de sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, alguna de ellas con solo dos empleados y otras de las que ni la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sabe la cifra (o, al menos, no la hacía constar en su último informe exhaustivo sobre esta materia, fechado en 2009). Las hay de algo menos de 14.000 empleados, como Renfe, o de más de 60.000, como Correos.
En total son cerca de 180.000 los empleados que trabajan para más de 250 empresas públicas, unos 40.000 eventuales, según los datos del Ministerio de Hacienda. Hay cifras más actualizadas (como los 56.144 que estaban al servicio de entidades públicas empresariales en julio de 2011) y otras menos (los 122.500 empleados a cargo de sociedades mercantiles tienen fecha de 2009 y no constan datos más recientes en el ministerio).
Por el perfil que han asumido las sociedades estatales a lo largo de la historia (estar ahí donde no llega la iniciativa privada porque no es rentable), la mayoría de los empleados trabaja para empresas en pérdidas, siempre según los datos del informe de la Intervención General de la Administración del Estado. El porcentaje concreto es el 65,5%, frente al 34,5% en nómina de compañías con beneficios. Eso sí, en números absolutos, hay más empresas en beneficios que en pérdidas, pero las deficitarias son más grandes.
La que más alegrías da al erario público, como no podía ser de otra forma, es Loterías, la empresa con mejores resultados del Estado. En la parte contraria de la lista están Navantia, Renfe Operadora o la SEPI, según la IGAE.
Fuentes cercanas al Gobierno, con todo, buscan tranquilizar a estos empleados. El objetivo no es recortar por recortar ni ir directamente a las empresas con pérdidas. "Se estudiarán las empresas, se verá qué están haciendo y cómo se pueden estructurar para que funcionen mejor", aseguran. El criterio, añaden estas fuentes, no es tanto la rentabilidad "como la eficiencia y la eliminación de redundancias, sobre todo a través de fusiones". Y eso es algo bien recibido en el mercado. "Es una de las medidas que estábamos esperando; hay que reducir las duplicidades para recortar el déficit", apunta Estefanía Ponte, directora de análisis y estrategia de Cortal Consors.
En todo caso, en el listado de prioridades nacionales primero está la elaboración de los Presupuestos de 2012, según fuentes cercanas al ministerio. Después vendrán otros recortes, pero, por ahora, no hay nada decidido ni está fijado el ámbito o las empresas donde se aplicará la reorganización.