EDITORIAL

Unir fuerzas para luchar contra el fraude

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está estudiando reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT) en la nueva regulación del mercado laboral. Además de garantizar al sector la posibilidad de colaborar con las Administraciones públicas en las tareas de intermediación laboral, desde Empleo se reconoce que se están buscando nuevas fórmulas para involucrar a las ETT en la lucha contra el fraude en este ámbito. Para ello el Gobierno estudia extender a estas empresas la regulación actual, que sanciona con la pérdida de la prestación por desempleo a aquella persona que rechace tres ofertas de trabajo adecuadas a su perfil. De salir adelante la propuesta, todavía en fase de estudio, las empresas de trabajo temporal ejercerían un papel activo para hacer frente a los actuales abusos en ese terreno. Unos abusos que desde el sector público resulta muy difícil controlar de forma eficaz, dado que este apenas interviene en el 3% de las colocaciones del mercado. En el otro extremo, las ETT colocan aproximadamente 4,5 veces más trabajadores.

Aunque la posibilidad de que las compañías privadas ejerzan labores de intermediación laboral en cooperación con las Administraciones públicas es una novedad dentro de la legislación española, no ocurre lo mismo fuera de ella. La experiencia de Alemania, donde desde 1994 la mediación en este terreno ya no pertenece en exclusiva al Instituto Federal de Trabajo (Bundesanstalt für Arbeit), constituye un paradigma sobre los beneficios que puede traer una colaboración público-privada bien engrasada. Más aún en un ámbito, el de la conjunción de la oferta y la demanda de mano de obra, en el que las rigideces e ineficiencias estructurales que lastran a menudo la actuación del sector público colocan a los servicios de búsqueda de empleo de las Administraciones en clara desventaja frente a los del sector privado.

Sin embargo, la entrada en juego de las empresas de trabajo temporal en la lucha contra el fraude despierta ciertas incógnitas que convendría despejar. La primera de ellas es el modo en que la Administración ejercerá la necesaria labor de supervisión sobre esta materia. Un control que no puede fundamentarse en una sospecha o desconfianza genérica sobre el sector privado, sino en el hecho evidente de que esta medida involucra a este en un proceso que puede suponer la pérdida de una prestación pública. Esa tutela debe ser firme, pero también lo suficientemente ágil como para no ralentizar ni entorpecer la rapidez de actuación que caracteriza a la empresa privada.

Además, y como segunda cuestión a despejar, resulta imprescindible definir con claridad una condición -la que exige que la oferta de empleo resulte adecuada al perfil del demandante- que constituye un concepto jurídico indeterminado y, como tal, abierto tanto a excesos como a defectos de interpretación. La pérdida de una prestación por desempleo es una cuestión lo suficientemente relevante como para no dejar que dependa de un criterio personal -sea de empleado privado o de funcionario público-, sino que sus límites deben estar taxativamente definidos en la ley.

La sangría del paro que padece el mercado laboral español debe comenzar a atajarse cuanto antes y por todos los medios posibles. Dado el oscuro panorama que ofrece la economía española en estos momentos, ello requiere probar nuevas fórmulas e implantar soluciones ensayadas con éxito en otros mercados. En esa tarea, el sector público debe desempeñar un papel clave, pero no necesariamente exclusivo. La experiencia demuestra que las Administraciones públicas están capacitadas para gestionar adecuadamente determinadas realidades, pero también que en otras la agilidad y flexibilidad de la empresa privada es superior. Por ello, una economía de mercado no debe tener miedo, sino todo lo contrario, a conjugar fuerzas públicas y privadas, a dejar al sector privado hacer lo que mejor sabe hacer ni a que esa delegación anule la función de supervisión y control que corresponde al sector público. A lo que sí debe temer es a resistirse de forma numantina a ensayar soluciones nuevas para atajar viejos y graves problemas.