"Nos aliamos con Roxin para ser una firma global"

Evitar que las empresas incurran en riesgos penales, no solo en España sino en todo el mundo, es uno de los objetivos del despacho González Franco. Para ello, acaba de firmar una alianza con el bufete alemán Roxin, especializado en derecho penal económico.

González Franco es un despacho penalista que combina los valores de la experiencia con el dinamismo de la juventud. Su especialización en la denominada corporate compliance o corporate defense le ha llevado a tener actualmente entre su cartera de clientes a una veintena de empresas cotizadas -algunas del selectivo Ibex 35- y a expandir ahora su proyección con un acuerdo de relación estratégica con Roxin, una de las principales firmas especializadas en derecho penal económico de Alemania, con oficinas en Hamburgo, Düsseldorf, Múnich y la suiza Zúrich. Con este paso, el despacho quiere dar a su negocio un impulso global desde sus oficinas de Barcelona y Madrid.

¿Qué formato tiene el acuerdo entre González Franco y Roxin?

Con Roxin somos socios en todo excepto en lo que tiene que ver con el capital. Hemos llegado a un acuerdo permanente y estable de colaboración, a una alianza muy estrecha, que nos permite el intercambio permanente de conocimiento y abordar proyectos profesionales de forma conjunta. En González Franco no teníamos tanto interés en la economía de escala o costes de gestión, sino en la oportunidad de poder ofrecer al mercado una primera boutique penal de dimensión internacional.

¿Qué ventajas ofrece a sus potenciales clientes esa filosofía?

Si ahora entra por la puerta algún cliente que nos requiere para que le preparemos un sistema de cumplimiento penal, un compliance que abarque no solo los riesgos en España, sino que puedan cumplir con la Bribery Act del Reino Unido u otras normas foráneas, la alianza entre González Franco y Roxin le garantiza este servicio en cualquier lugar del mundo. Roxin tiene un posicionamiento, a través de una red global, que ahora está a disposición de nuestros clientes.

En un sistema de alianza sin integración económica como el suyo, ¿qué elementos sostienen el proyecto común?

Compartimos valores, filosofía y práctica procesal. Eso es lo que da garantía a nuestros clientes y nos permite competir con las big four integrando los mejores penalistas internacionales. Nos aliamos con Roxin para ser una firma global que hasta ahora no existía en el mercado. A día de hoy, ya podemos abordar proyectos conjuntos, tener perspectiva de desarrollo y mantener la marca.

¿Se plantean captar clientes extranjeros con esta nueva dimensión?

Desde luego buscamos un mejor posicionamiento estratégico. Internacionalizar nuestro expertise es un elemento clave en este proyecto. Si no lo hiciéramos así, no estaríamos respondiendo a las demandas de nuestros clientes y no traspasaríamos el ámbito nacional.

La reciente Bribery Act de Reino Unido o la FCPA de Estados Unidos llevan sus efectos a ámbitos supranacionales. ¿Es posible desarrollar un compliance global?

Sí, y nosotros lo tenemos. El problema para las empresas no es tanto su tamaño como los riesgos penales en los que, por su actividad, puedan incurrir. Puede suceder tanto en compañías de gran tamaño poco propensas al riesgo penal como en otras más pequeñas muy expuestas. Depende de su actividad, de su negocio. Las leyes foráneas pueden tener una vis atractiva más fuerte, como en la Bribery Act, pero en el fondo todas buscan lo mismo y, por lo tanto, es posible desarrollar un programa de cumplimiento, como hacemos nosotros, que ofrece un sistema de garantía global.

¿Avanzamos hacia una legislación global en la materia?

Sin duda. Salvando elementos de competencia territorial, en todas las normativas se acaba escuchando de fondo: "Hay que acabar con la corrupción". De hecho, la Unión Europea ya está trabajando en una directiva que regule la materia -en la que, por cierto, participa uno de los colaboradores de este despacho, el profesor Adán Nieto- y que verá la luz próximamente. La metodología de esta directiva es la que nosotros usamos en los compliance para nuestros clientes. Es decir, preventivamente les estamos adaptando a lo que será en poco tiempo obligatorio. Esto es posible gracias a nuestra apuesta decidida por la innovación y el estudio.

¿Cuáles son las perspectivas profesionales en el sector jurídico penal?

Para mí, la abogacía es un oficio en el que la profesionalización es compleja. Los penalistas no tenemos horario, no podemos estar pendientes del cumplimiento de una jornada tasada o de unas rigideces contractuales laborales que desvirtúan este concepto de oficio. Yo no sé si van a detener un cliente un sábado por la noche o tengo que asistir a alguien a la hora de comer.

¿Qué opinión tiene de la nueva Ley de Acceso a la Abogacía que entró en vigor el pasado mes de octubre?

Lamentablemente, con este sistema los abogados no aprenden el oficio de verdad y se está perdiendo la cantera de profesionales. Serán buenos empleados, pero puede que no sean buenos abogados. Yo aprendí la práctica con el ilustre penalista Carlos Rey y después con otros, y este despacho se abrió con este espíritu. Si, al final, los abogados tenemos que hacer marketing, comunicación o proyección financiera perdemos el contacto con nuestros clientes y no enseñamos a los jóvenes.

¿Cuáles son esos valores que deberían defender los penalistas de hoy?

Se debería estar siempre pensando en el caso y en el cliente. Estar a disposición del fiscal, del tribunal, de nuestros defendidos, aunque sea en detrimento de la preocupación por la minuta o el ratio de ocupación de sus horas. Un joven abogado de González Franco tiene que pensar primero qué puede él aportar al despacho y a sus clientes y no qué recibirá de él. En mi opinión, este perfil no es el adecuado, no ya para ser de González Franco, sino para ser abogado.

¿Cómo plantea la relación con sus clientes en este contexto de crisis y cierto cambio en el sector legal?

En González Franco queremos tener clientes, no cuentas de resultados. Queremos un trabajo de excelencia, de oficio, como decía, hecho por profesionales que se vuelquen en ser los mejores y que disfruten haciendo las cosas bien hechas. Y esto es caro, claro, porque requiere una gran inversión en investigación y en formación.

¿Hay una guerra de precios en el compliance penal?

Sí, realmente la hay. Pero nuestra filosofía es otra. Preferimos perder un cliente por precio que no dar toda la calidad y excelencia que se merecen. Nosotros no vamos a reinventarnos como producto barato. Si algún día no podemos ser nosotros mismos, haremos otra cosa, no venderemos este producto. Jamás asumiré un proyecto de compliance de una empresa del Ibex 35 por precio. El derecho penal es una cosa muy seria, si no puedo controlar el proceso por un problema de precio, no lo haremos. También es un problema de valores.

¿Por qué es más caro su modelo teniendo estructuras más reducidas que otras grandes compañías legales?

Por la especialización y por la inversión en investigación. Tanto Roxin como nosotros -que tenemos estructuras de dimensiones homologables- damos una importancia estratégica a tener en nuestros despachos a los mejores especialistas, académicos del mas reconocido prestigio, que aportan un incomparable valor añadido a nuestros productos y esto es, lógicamente, caro.

¿Esto les ha llevado a perder clientes?

Sí, no tengo problema en reconocerlo. Compañías importantes han rechazado nuestra oferta y han preferido otras cosméticas de otros despachos. Esto es una realidad que hoy se reparte al 50%. La mitad del mercado prefiere un expertise solvente como el que ofrece González Franco y otra mitad prefiere productos de menor calidad y bajo precio.

¿Cree que eso les impactará en sus negocios de futuro?

Mi augurio es que con el tiempo la mitad de las compañías tendrá un resultado exitoso de sus problemas legales mientras que la otra mitad no lo tendrá.