El Tribunal Supremo absuelve a Garzón en la causa del franquismo
El Tribunal Supremo ha absuelto esta mañana a Baltasar Garzón del delito de prevaricación que se le atribuía por la causa del franquismo. El sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad habían acusado a Garzón de investigar sin tener competencia para ello la desaparición de personas durante la dictadura. El alto tribunal pone fin así, por seis votos a uno, al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional, condenado a 11 años de inhabilitación por el caso Gürtel. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer esta mañana la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. æpermil;ste último redactó la resolución en la que se condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas.
En este procedimiento, la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad, solicitaban que Garzón fuera multado e inhabilitado por 20 años, la máxima pena prevista en el Código Penal. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra la dictadura.
El fiscal Luis Navajas y el abogado defensor del magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidieron durante el juicio la libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina Botín, aplicada por primera vez al presidente del Banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.
En la séptima y última sesión del juicio, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aprovechó el turno de última palabra para asegurar que su "conciencia está tranquila" ya que tomó las decisiones que creyó "ajustadas a Derecho" para "perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos" de desapariciones forzadas y actuar en defensa de las víctimas del "desamparo".
El 16 de octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar las denucnias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El magistrado autorizó la apertura de 19 fosas. El juez apuntó en un auto como responsables de los hechos a 35 altos cargos de la dictadura, incluido Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.
La fiscalía recurrió la decisión de Garzón y, el 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por catorce votos contra tres, declarar que el juez carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.
La causa que ahora se cierra contra Garzón, conocido mundialmente por su lucha contra ETA y contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado una gran expectación internacional. Un grupo de observadores internacionales relacionados con organizaciones de derechos humanos asistió a la sala de vistas, mientras que a las puertas del Supremo se celebraron numerosas manifestaciones de apoyo a Garzón al grito de "¡Justicia!" y "¡vergüenza!".
