Prioridad para empresas que solo cobren una parte

El recelo de la banca retrasa el plan para pagar facturas públicas

El mecanismo financiero para pagar la totalidad de la deuda que la Administración mantiene con los proveedores, que anunció el martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se aprobó finalmente el viernes como estaba previsto. El recelo de la banca, clave en esta operación, ha retrasado la puesta en marcha de este ambicioso proyecto que, como muy pronto, estará listo en mayo.

Guindos explica las reformas a Bernanke
Guindos explica las reformas a Bernanke

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguró el viernes por la mañana en un encuentro con pymes que los proveedores de ayuntamientos y comunidades podrían cobrar su facturas de "forma inmediata", ya que el plan ideado por el Gobierno se encuentra en un estado de tramitación "avanzadísimo".

Horas después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró mucho más cauta y aseguró que para aprobar el plan era necesario reformar algunas leyes y que los ayuntamientos facilitaran el detalle de las facturas que restan sin pagar. Fuentes financieras aseguraron a CincoDías que el retraso se debe, en parte, al recelo de la banca ante un proyecto muy complejo y que requiere de la participación de las grandes entidades de crédito. La idea del Ejecutivo es que sean los bancos, junto con el ICO, quienes abonen las deudas pendientes con los proveedores. Y en un plazo que está por determinar, ayuntamientos y comunidades devolverían ese importe a las entidades financieras.

Esa es la intención del Ejecutivo. "Se han producido contactos con el ICO, pero no se ha concretado nada porque no está claro quién pone el dinero. De momento no hay acuerdo", señalaron fuentes de una entidad financiera. Hasta el momento, el Ejecutivo se ha reunido con Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, Popular y Sabadell, ya que entiende que el ICO carece de la capacidad y el tamaño suficiente para articular este plan.

Más deuda pública

El Ejecutivo dejó claro que el Gobierno, de una u otra forma, avalará o garantizará que las comunidades y municipios devolverán el dinero al banco que pague sus facturas. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley Orgánica y un real decreto ley, que contempla la posibilidad de que el Estado avale a los municipios. Además, la normativa obligará a todas las corporaciones locales a entregar al Ministerio de Hacienda un detalle de facturas impagadas antes del 15 marzo. Y antes del 31 de marzo, los ayuntamientos deberán presentar un plan de viabilidad en el que demuestren cómo devolverán esas deudas. Así, no será al menos hasta el mes de mayo cuando los proveedores podrán empezar a cobrar sus facturas.

Sáenz de Santamaría omitió durante su comparecencia ante los medios un importante detalle. Tendrán prioridad de cobro aquellos proveedores que apliquen un descuento a sus respectivas facturas. Se trata de una suerte de quita. Es decir, una empresa que acepte cobrar la mitad de la cantidad que le adeuda un ayuntamiento recibirá el dinero antes que el resto de proveedores. En cualquier caso, fuentes de Hacienda aseguran que ello no implica perder el derecho a cobrar la totalidad de la deuda. La antigüedad de la factura impagada será otro factor determinante al establecer quién cobra primero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el plan para pagar a los proveedores del sector público no se traducirá en un incremento del déficit. Sin embargo, sí que supondrá un aumento del endeudamiento. En el momento en que una entidad bancaria pague una factura atrasada de un ayuntamiento o comunidades autónoma, este importe se convertirá en una nueva deuda de la Administración. La cuestión, aún no dilucidada, es en qué plazo y a qué precio (tipo de interés) aceptará la banca que se devuelva ese dinero. De hecho, las entidades de crédito solo se han mostrado dispuestas a participar en esta operación después de que el Estado se haya comprometido a avalar a los entes territoriales.

Si bien el Ejecutivo central tiene competencia para obligar a los ayuntamientos a entregar un detalle de sus facturas acompañado de un plan de ajuste, en el caso de las regiones se precisa la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que los Ejecutivos autonómicos den el visto bueno a ese proyecto.

Guindos explica las reformas a Bernanke

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, trasladó el viernes al presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, las medidas urgentes adoptadas por España para corregir la desviación de su déficit en 2011. Guindos y Bernanke mantuvieron en Washington un encuentro de 45 minutos en el que abordaron tanto las últimas reformas estructurales del Gobierno como sus planes de crecimiento. Ambos departieron sobre el segundo rescate de Grecia aprobado por el Eurogrupo, así como las perspectivas de crecimiento de EE UU y de la UE.

Ley de estabilidad

La Ley de Estabilidad Presupuestaria iniciará su trámite parlamentario en marzo después de haber recibido el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esta norma obligará a todas las Administraciones a presupuestar en equilibrio o superávit.

Claves para entender el proyecto del Ejecutivo

¿En qué consiste el plan para pagar la deuda de la Administración con sus proveedores?

La idea es articular un sistema financiero que permita que las empresas con facturas impagadas de ayuntamientos y comunidades autónomas puedan cobrarlas a través de las entidades financieras y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿Exactamente, qué aprobó ayer el Consejo de Ministros?

El Gobierno aprobó cambios normativos que permitan al Estado avalar deuda de los ayuntamientos. Además, les obligará a presentar un listado detallado de las facturas en poco más de 15 días, y antes de final de mes, un plan de ajuste en el que demuestren que tienen capacidad para pagar sus deudas. En el caso de las comunidades, el proceso será similar aunque para ello se requiere un acuerdo del Consejo de Política Fiscal.

¿Por qué el Gobierno no especificó ayer el sistema financiero que sustentará este plan?

Porque todavía no existe un acuerdo. La banca se muestra recelosa de este plan, aunque está dispuesta a colaborar con el Gobierno. En principio, la idea del Ejecutivo es que las entidades de crédito paguen las facturas impagadas de municipios y comunidades a través de créditos obtenidos en el mercado mayorista. Con posterioridad, los entes territoriales devolverían a la banca el importe de estas facturas. Sin embargo, falta acuerdo acerca de los tipos de interés que se aplicarán, la comisión de gestión y el plazo de devolución.

¿Esta medida elevará el déficit de municipios y comunidades?

En principio no, porque las facturas impagadas ya se apuntaron como déficit en su momento. Sin embargo, sí que incrementará su deuda pública.

¿A cuánto asciende la deuda comercial de la Administración?

Se estima en unos 40.000 millones. Sin embargo, ni el Gobierno lo sabe con exactitud. Por eso pide un detalle de las facturas que restan por pagar.