Santander aplaza el pago de la hipoteca a 8.000 parados
Banco Santander ha aplazado ya el pago de la hipoteca a 8.000 personas desempleadas o que han reducido su nivel de ingresos regulares con la crisis en más de un 25%, y tienen dificultades para hacer frente a sus contratos hipotecarios.
El banco puso en marcha este programa de alivio en las cargas crediticias a su clientela en julio de 2011.
Este programa supone que las familias que tengan contratada una hipoteca por su primera vivienda con Banco Santander y que por situaciones de desempleo (aunque solo sea uno de los dos miembros de la pareja) o pérdida de ingresos regulares en más de un 25%, circunstancia muy común en trabajadores autónomos, pueden solicitar a la entidad un aplazamiento en las amortizaciones de capital durante tres años.
Solo deben hacer frente durante ese periodo a los pagos de los intereses, y el banco no modifica ninguna otra de las condiciones del contrato hipotecario. Por tanto, los tipos aplicados, que en muchas renegociaciones de crédito se endurecen por el deterioro de solvencia del deudor, se mantienen estables en este caso.
A esta moratoria en la amortización del capital se han acogido desde julio de 2011 unas 8.000 personas, con un capital contratado con el banco de 1.380 millones de euros. La hipoteca media de este colectivo es de unos 172.500 euros. Todos estos aplazamientos por tres años en el capital (que no de los intereses) genera la condición de morosos en los titulares, y como tales se consideran sus hipotecas en la entidad cántabra, y se provisiones conforma a la norma.
Esta es una de las medidas estrella de alivio en los pagos de las familias puestas en marcha para neutralizar los efectos de la crisis. Pretende evitar que en estas situaciones de necesidad coyuntural de las familias degeneren en impagos y en procesos de ejecución hipotecaria.
El Gobierno proyecta poner en marcha un mecanismo, voluntario para las entidades, que recoge un código de buenas prácticas para aliviar la situación financiera de los hipotecados con dificultades, y evitar procesos de desahucio. Si tal práctica generase pérdidas a las entidades, el Gobierno compensará fiscalmente a los bancos y cajas, tal como se ha comprometido en sede parlamentaria el ministro de Economía, Luis de Guindos.