La brecha en la calificación de la deuda entre comunidades se ensancha
La rebaja del rating de Moody's a ocho comunidades ha agudizado todavía más la diferencia de calificación entre las autonomías. Cataluña se queda a un paso del bono basura, situación en la que ya se encuentra Castilla-La Mancha. Madrid o Galicia, por su parte, cuentan con un rating superior al resto.
Las agencias de calificación siguen denigrando periódicamente el rating de la deuda del conjunto de la Administración española. En el caso de las comunidades autónomas, se distinguen tres grupos. Por un lado, se encuentra Castilla-La Mancha, cuya deuda equivale para Moody's a un bono basura. Cataluña y Comunidad Valenciana se encuentran a un solo eslabón de este nivel. En el lado opuesto, están aquellas comunidades que, si bien también han perdido notas de solvencia, mantienen la mejor calificación en comparación con el resto. Este grupo lo integran Madrid, País Vasco, Navarra, Galicia o Extremadura. En mitad de ambos polos se sitúan regiones como Murcia.
La rebaja del rating a ocho comunidades (Cataluña, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia) entraba dentro de las previsiones. La mayoría de los descensos se explican por la rebaja del pasado martes que sufrió la Administración central. Moody's entiende que ninguna entidad territorial puede presentar una mejor calificación que la otorgada a la deuda soberana del Reino de España.
Así, la deuda de la Comunidad de Madrid, según los parámetros de Moody's, es de A3, que significa que la inversión es bastante segura. En el caso de Cataluña, la calificación Baa3 implica la existencia de cierto riesgo en la compra de bonos catalanes. Todas las comunidades, y en eso coinciden las tres grandes agencias (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) están bajo perspectiva negativa. Eso significa que es probable que, a medio plazo, sufran otra rebaja de nota.
Cataluña se encuentra a un paso del bono basura; Madrid, a cuatro
Si eso sucede, la deuda de Cataluña y la Comunidad Valenciana rebasará el umbral de bono basura. Cuando ello sucede, el mercado entienden que comprar esa deuda solo se justifica con fines puramente especulativos. Las regiones con peor calificación son también las más endeudas. Castilla-La Mancha tiene un nivel de deuda que equivale al 18,3% de su PIB, el más alto de España, según los últimos datos publicados por el Banco de España y que corresponde al tercer trimestre de 2011. Además, Castilla-La Mancha cerrará el año con un déficit cercano al 6%. Le sigue la Comunidad Valenciana y Cataluña con un porcentaje de endeudamiento superior al 19%.
Recelo con las cuentas
Los informes de las agencias de calificación señalan que los números rojos autonómicos son el principal obstáculo para alcanzar el objetivo de estabilidad, fijado en el 4,4%. De hecho, en 2012, el déficit público alcanzó el 8%, dos puntos por encima del exigido por la Unión Europea ya que alcanzó el nivel del 8%.
Para una comunidad, el rating de su deuda resulta fundamental para lograr mejores condiciones en los mercados financieros y en los préstamos bancarios. Comunidades como Cataluña, Andalucía o Baleares se han visto obligadas a emitir los llamados bonos patrióticos para colocar su deuda entre minoristas a un alto tipo de interés. En cambio, los territorios más saneados como Navarra, País Vasco o Madrid estudian emitir deuda para un grupo restringido de inversores institucionales y a un coste de colocación menor.
El Gobierno deviene en banca para las regiones
El problema es grave. Las comunidades casi siempre han gastado más de lo que han ingresado. Ello, en momentos de bonanza económica, no resultaba un problema grave ya que era fácil pedir prestado a mercados y banca para hacer frente a las obligaciones de pago. Sin embargo, el exponencial incremento de los números rojos provoca que los inversores cada vez reclamen un tipo de interés mayor para prestar dinero a los Gobiernos autonómicos. Ello, a su vez, genera mayores gastos financieros. Este círculo vicioso provoca que las comunidades, sobre todo aquellas con un bajo rating y una elevada deuda, encuentran cada vez más dificultades para obtener financiación.El Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas extraordinarias para que las comunidades paguen a sus proveedores y, en última instancia, evitar la quiebra de alguna de ellas. Así, el Ejecutivo aceptó ampliar de cinco a diez años el plazo para que las regiones devuelvan al Estado los 23.000 millones que deben por las liquidaciones negativas que recibieron del Gobierno en 2008 y 2009, cuando las transferencias a las autonomías superaron la recaudación real. Ello equivale a una inyección de liquidez de 2.400 millones este año.Además, el Gobierno de Mariano Rajoy pondrá en marcha en breve una nueva línea ICO para las comunidades por un importe de 10.000 millones, ampliables a 15.000 millones. Esta herramienta servirá para pagar a proveedores y para que las comunidades puedan refinanciar deuda contraída antes del primero de enero y que venza antes de junio de este año. A cambio de que el Gobierno central devenga en una suerte de banco, las comunidades deberán aceptar un mayor escrutinio de sus cuentas por parte de Hacienda.