Contabilidad Nacional de 2011

El parón inversor drena 6.000 millones a la economía española

La inversión privada y pública acabó 2011 con un fuerte retroceso, que ha restado a la producción total de la economía española 6.000 millones de euros, según la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre.

La economía española, al borde de la recesión
La economía española, al borde de la recesión

Los datos de Contabilidad Nacional que hizo públicos hoy el INE, confirman el freno en seco de la economía española al final de 2011, camino de una recesión de la que aún se desconoce su grado. Si preocupante es la caída del consumo de los hogares (-1,1% en el cuarto trimestre) más lo es el deterioro de la inversión, tanto en bienes de equipo como en activos fijos inmateriales. La formación bruta de capital fijo cerró el año con un descenso medio medio del 5,1% en volumen, y del 3,3% en valor, si se descuenta la inflación. En términos monetarios, la inversión ha pasado de generar un valor de 238.667 millones en 2010 a 232.429 millones de euros en 2011, es decir, se ha dejado por el camino 6.000 millones.

Este retroceso inversor se debe a la elevada incertidumbre reinante en la economía, que ha paralizado los planes empresariales a corto y medio plazo, según reconoce la propia CEOE. Para reconducir este proceso es imprescindible, según la patronal, restaurar el acceso al crédito de millones de empresas, y potenciar aún más las reformas estructurales, ya iniciadas este año con los cambios operados en materia financiera, presupuestaria y laboral. Sólo así se podrá evitar situaciones como las producidas el año pasado en las que todas las ramas de actividad sufrieron retrocesos, a excepción de la agricultura.

En el caso de la inversión, los empresarios confían también en las nuevas líneas de financiación del ICO prometidas, de apoyo a las pymes, para desatascar los problemas de liquidez de gran parte de ellas. El Gobierno tiene en mente también otras dos líneas de pago a proveedores que contratan, tanto con ayuntamientos como con comunidades autónomas, para reducir la elevada morosidad de la administraciones territoriales.