Un buen principio para un duro camino
En el desarrollo normal de la vida política, el hecho de que un Gobierno cuente con el apoyo de la oposición para consensuar los grandes temas de Estado supone una muestra de madurez democrática y un síntoma de que el sistema de partidos funciona con fluidez. Pero lo que en tiempos de normalidad se percibe como un ejemplo de buena salud -y a veces incluso hasta de excelencia democrática-, en coyunturas de dificultad pasa a convertirse en un presupuesto necesario para la buena gobernanza de un país. La primera reunión mantenida ayer entre Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de la oposición parece apuntar a que ambos políticos -curtidos sobradamente tanto en el banco del poder como enfrente y, por tanto, viejos conocidos- comparten esta visión y están dispuestos a negociar hasta donde les resulte posible hacerlo sin perder de vista estas coordenadas. Pese a contar con una mayoría más que suficiente para implantar su programa político de forma unilateral, Mariano Rajoy ha demostrado amplia disponibilidad para tejer alianzas con las distintas fuerzas políticas. Para el nuevo Ejecutivo, el consenso no es una condición necesaria para gobernar, pero sí constituye un objetivo de incalculable valor a la hora de implantar con éxito su hoja de ruta reformadora y de hacerlo, además, con el menor desgaste político. Desde su papel como líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba trasladaba ayer al presidente su voluntad de colaborar en la tarea de sacar a España de la crisis económica. Una voluntad que incluye el apoyo necesario para realizar "reformas estructurales" que tengan como objetivo "la competitividad y la equidad". Se trata de una declaración de intenciones calculadamente amplia, que habrá de concretarse a medida que avance la legislatura, pero que supone un buen principio. De ambos líderes depende que esas voluntades cristalicen de forma efectiva y que ello sea percibido por una ciudadanía que sigue con extrema preocupación la gestión de esta crisis.
A pesar de esa sintonía y dadas las diferencias ideológicas entre uno y otro partido, el ofrecimiento de Rubalcaba y la disposición de Rajoy están delimitados por las grandes líneas rojas que les impone la defensa de sus programas políticos, así como su compromiso con el electorado. Así lo demostró ayer Rubalcaba al manifestar, junto a esa voluntad colaboradora, un rechazo "profundo y frontal" a la reforma laboral que ha puesto en marcha el Ejecutivo y al anunciar una enmienda a la totalidad en su tramitación como proyecto de ley. Si bien supone una actitud de partida previsible, y hasta cierto punto también coherente, no está de más recordar que el papel de la oposición en un momento como este no puede limitarse a una crítica demoledora estéril, sino que debe tener como objetivo la fiscalización, el control y el enriquecimiento de las grandes propuestas que están sobre la mesa. Esa actitud, que se echó mucho de menos cuando el PP estaba en la oposición, es la que ahora han adoptado otros grupos políticos cuyo respaldo ha demandado el Gobierno -es el caso de CiU o PNV-, que han supeditado ese apoyo a la inclusión de modificaciones y aportaciones en el texto de la reforma laboral.
Con una legislatura prácticamente en pañales, tanto el Gobierno como la oposición tienen una gran oportunidad para demostrar que son capaces de trabajar juntos en aquellas cuestiones que resultan vitales para España. La agenda de los próximos meses, tan rica en contenidos como exigente y compleja, no solo incluye el escollo de la reforma laboral, sino también la reforma financiera -a la que el PSOE ha dado su apoyo- y la presupuestaria. En esta última las diferencias sobre cuál debe ser el límite de déficit público para las Administraciones desde 2020 constituye otra materia de desencuentro que es importante desbloquear cuanto antes. Otro tanto ocurre con la urgente renovación de las instituciones -caso del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y consejo de RTVE-, así como el abordaje de reformas estructurales de tanto calado como la de la educación. Se trata de pruebas trascendentales para las que ni Gobierno ni oposición disponen de periodo de gracia.