Negociar para mejorar y lograr consensos
Tras la entrada en vigor de la nueva normativa laboral el pasado sábado, que podría ser modificada en el trámite parlamentario como proyecto de ley y en su desarrollo reglamentario, se abre una ambiciosa disposición a negociarla por parte de los sindicatos, la patronal, el Gobierno y los partidos políticos. Al contrario que en otras reformas de esta naturaleza, que en el pasado han consumido años de tiras y aflojas para revisiones menores, en esta el reloj ha echado a andar ya y sus efectos empiezan a surgir. Los empresarios ya disponen de la flexibilidad que demandaban históricamente, tanto en materia de contratación como en cuestiones de reorganización interna del trabajo o en lo relativo a las rescisiones de trabajo, sean colectivas o individuales. Los instrumentos de la adaptación de las plantillas, de la reordenación de las jornadas, de los ajustes en las remuneraciones de los trabajadores, etc., están ya negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, y son de aplicación.
Pero si el Gobierno ha cumplido con la exigencia social y su propia convicción de que los cambios deberían ser significativos y urgentes, nadie desconoce que el mecano del mercado de trabajo funciona mejor si está convenientemente engrasado por una normativa pactada. Así ha sido en el pasado. Siempre que los cambios evolutivos de la norma contaban con el consenso de Gobiernos, patronal y sindicatos tenían mejor desempeño que si se trataba de revisiones impuestas, por muy necesarias que pareciesen y mucha urgencia que fuesen reclamadas. Consciente de ello, y pese a contar con un reciente y generoso aval electoral, convenientemente contextualizado con una situación socieconómica de emergencia, el Gobierno ha invitado a la patronal, los sindicatos, las organizaciones de autónomos y los propios grupos parlamentarios a un estudio profundo de las modificaciones ya aprobadas para explicarlas en profundidad y, si cabe mejora, para negociarla, siempre que no cambie la esencia de lo ya aprobado.
Los sindicatos han optado por una posición muy crítica, pero en absoluto descartan la negociación, aunque mantienen el calendario de movilizaciones que, a buen seguro, desencadenará en una huelga general si no hay modificaciones muy sustanciales de la norma aprobada. Tras casi cuatro años completos de pasividad ante la crisis y sus efectos sobre el empleo, los sindicatos han corregido parte de su iniciativa con un aceptable pacto de moderación salarial. Pero bien harían en negociar con el Gobierno algunas de las cuestiones puestas en marcha la semana pasada y que, además de haber limitado las prerrogativas sindicales en las relaciones industriales, podrían haber abierto la puerta a actuaciones arbitrarias, quizás abusivas, por parte empresarial. Es una ventana de negociación que no debe ser despreciada la ofrecida ayer por la ministra de Empleo y Seguridad Social, aunque parece complicado poder corregir tantas cosas como para que los sindicatos puedan cambiar la consideración que les merece la reforma, especialmente la eliminación del filtro administrativo en los despidos colectivos y el espacio creciente reservado a la iniciativa empresarial en las materias incluidas en la negociación colectiva.
Pero la negociación debe extenderse al ámbito político, en el que la presencia de consensos daría una legitimidad extraordinaria a una reforma que toda la sociedad demandaba por la situación límite en la que se encontraba el mercado de trabajo, más allá del recorrido que la norma ha practicado. Por ello, los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, deben buscar un acercamiento al Partido Popular que funcione como moderador del ímpetu flexibilizador del Gobierno, aunque en absoluto suponga llegar a un acuerdo cerrado. Todas las negociaciones deben plantearse con el ánimo de lograr un consenso; la confrontación puede ser una opción, pero desde luego no es la prioritaria de la sociedad en estos momentos. Prioritarias son soluciones al desempleo galopante.