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La mitad de las oficinas tiene dificultades

Justicia reorganizará registros y notarías para hacerlos más rentables

El Ministerio de Justicia se comprometió ayer a acometer una reorganización del parque actual de registros de la propiedad y de notarías para hacerlos más rentables. La mitad de ellos en la actualidad tiene dificultades para llegar a fin de mes y una gran parte son deficitarios.

Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ; Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz; Alfonso Candau, decano de los registradores, y Joaquín Rodríguez, director general de Registros y Notariado.
Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ; Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz; Alfonso Candau, decano de los registradores, y Joaquín Rodríguez, director general de Registros y Notariado.

La crisis económica está azotando y de qué manera a los 1.100 registros de la propiedad y 3.000 notarías que existen en España. Según reveló ayer en Cádiz el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín Rodríguez, decenas de ellos se encuentran en estos momentos en una situación deficitaria y aproximadamente un 50% tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.

Durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano de Registradores celebrado en Cádiz, Rodríguez aseguró que el compromiso de su departamento es garantizar que el servicio que ofrecen registradores y notarios continúe haciéndose con todas las garantías, pero adaptándose a la nueva situación económica.

En este sentido, el director general también se refirió a la reorganización de las plazas vacantes que siguen pendientes de ser cubiertas en la actualidad. "Esa plantilla se diseñó en otro escenario económico y ahora es preciso ajustarla a la nueva realidad", matizó Rodríguez.

Sobre una posible revisión de los aranceles, tal y como reclaman registradores y notarios, Rodríguez eludió hablar de próximos incrementos de los mismos, pero sí confirmó que, al menos, habrá que clarificar la "maraña de legislación que existe sobre estos aranceles. Hay veces que el notario o el registrador no saben qué arancel aplicar".

En este sentido, recordó que desde 1989 los precios públicos han subido un 25% y sin embargo, los aranceles han disminuido desde entonces en esa misma cuantía. "Por eso y por la crisis actual que atraviesan muchos registros y notarías, debemos revisar su situación", añadió.

Nuevas competencias

Respecto al otro asunto que preocupa a este colectivo por la pérdida de ingresos consecuencia de la recesión económica, el alto cargo de Justicia también garantizó que se estudiará con los registradores qué tipo de actividad, hasta ahora competencia exclusiva de los tribunales, puede pasar a ser desempeñada por los registradores. Entre ellas citó el caso de la mediación o el arbitraje, así como los procesos previos a los concursos decretados para familias o particulares.

"Primero hemos de definir qué tareas son susceptibles de que salgan de los tribunales y luego decidir qué profesionales pueden desempeñarlas en lugar de los jueces", explicó. Por su parte, el decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, mostró su disposición a iniciar las conversaciones con Justicia para abordar el asunto de las demarcaciones menos rentables y las nuevas funciones que podrían asumir los registradores y anunció que el próximo lunes se reunirá una delegación del colegio con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Evitar demoliciones ilegales

Otro de los asuntos que ayer se debatió en el IV Congreso Iberoamericano de Registradores celebrado en Cádiz fue la necesidad de proceder a las reformas legislativas pertinentes para evitar en la medida de lo posible las demoliciones de casas ilegales. El decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, aseguró que lo más efectivo sería cambiar o bien la actual Ley Hipotecaria o la Ley de Suelo. Habría que proceder de forma que a todos los adquirentes de una vivienda "de buena fe" se les respetara en su adquisición y si en algún momento se llegara a plantear un procedimiento de posible ilegalidad, este quedase protegido ante un eventual derribo.En la actualidad, la doctrina del Supremo contempla que prevalece el principio de legalidad, por lo que no prevé esa protección al propietario que además no ha podido tomar parte en el proceso abierto por presunta ilegalidad. "Aunque de acuerdo en que se debe respetar la ley, el problema es que algunos casos puntuales pueden dar una imagen de España que no nos merecemos", concluyó Candau.

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