El Gobierno pospone de nuevo un acuerdo sobre el rescate

Europa advierte que a Grecia se le acaba el tiempo

El Gobierno griego pospuso nuevamente ayer la aprobación de las nuevas medidas de austeridad exigidas por la troika a cambio de un nuevo rescate internacional tras un principio de acuerdo que no llegó a ratificarse por los partidos políticos. Los líderes europeos advierten que la zona euro puede vivir sin Atenas.

Grecia
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Mientras se agota un plazo tras otro, los líderes de los tres partidos políticos que forman el Gobierno de coalición griego -socialdemócratas, conservadores y ultraderecha- pospusieron ayer lo que se suponía sería una reunión decisiva. Este encuentro, que hoy se ha retrasado hasta después de las 13.00 horas (11.00 GMT), viene aplazándose día a día desde el pasado domingo, en medio de una gran expectativa en los mercados internacionales y el creciente descontento social en Grecia. Una fuente gubernamental consultada por Efe explicó que esto se debió a que "aún quedan algunas cuestiones abiertas" en la negociación entre el Gobierno y la troika.

Pero después de una serie de demoras, algunos líderes de la UE comienzan a perder la paciencia y avisan a Atenas que se le acaba el tiempo para evitar el abismo.

El primer ministro heleno, Lucas Papademos -un tecnócrata designado en noviembre para conseguir un segundo rescate de 130.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional y la UE- intenta persuadir a sus socios de Gobierno para que acepten las medidas de austeridad y reformas que posiblemente serán muy impopulares entre un electorado griego molesto y descorazonado.

Pero de cara a una posible elección parlamentaria en abril, los líderes de la coalición muestran poca prisa, a pesar de las exigencias de la zona euro para que se decidan rápido, debido a que Grecia afronta una posible bancarrota el próximo mes, a menos que reciba los fondos del rescate para cumplir con un gran pago de deuda que esta por vencer. Sin préstamo y sin quita, Grecia se encaminaría hacia una quiebra desordenada el 20 de marzo, cuando tiene que desembolsar 14.400 millones de euros en vencimientos de deuda, de los que carece.

"No podemos dar un sí o no claro a menos que tengamos garantías de las autoridades relevantes del Estado de que estas medidas son constitucionales y sacarán al país de la crisis", dijo el líder del partido LAOS de extrema derecha, Georgios Karatzaferis.

Sumándose a la presión, los sindicatos realizaron ayer una huelga de 24 horas y los manifestantes se enfrentaron a la Policía frente al Parlamente al grito de: "!No a condiciones de trabajo medievales!".

Los plazos están perdiendo su significado a medida que pasan uno tras otro. El fin de semana pasado, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, dijo que un acuerdo debía estar listo para el domingo. Luego los partidos no cumplieron con el límite fijado el lunes para entregar su respuesta a la UE, prometiendo que tomarían las decisiones el martes.

De nuevo, se ha pospuesto la decisión y este aparente titubeo es un desafío a la autoridad de la canciller alemana, Angela Merkel, cuyo Gobierno es un importante contribuyente a los rescates de Grecia. Merkel dijo el lunes que "el tiempo es esencial" y expresó su desconcierto sobre qué se podría lograr con las reiteradas demoras.

Duro plan de recortes

Una fuente gubernamental dijo que algunos de los temas aún abiertos en la negociación son "importantes" e hizo referencia a la cuestión de la reducción del gasto público, del que el Gobierno griego accede a recortar 2.300 millones de euros, mientras la troika quiere que sean 3.300 millones.

Otras de las medidas exigidas, de acuerdo a los medios griegos, serían una rebaja de entre el 20 y el 25% del salario mínimo (actualmente 751 euros brutos), recortes del 20% de las pensiones por encima de 1.000 euros y una disminución sustancial de los complementos que superen los 150 euros en todas las pensiones.

Además, incluye los despidos de 15.000 funcionarios y de personal con contratos no fijos, drásticos recortes de los salarios en las empresas públicas y privatizaciones inmediatas, liberalización de las profesiones "cerradas" (como taxistas o notarios) y abolición de los convenios colectivos.