La reestructuración financiera

Hachazo del Gobierno al sueldo de las cúpulas de cajas rescatadas

El tope salarial será de 300.000 euros para presidentes de entidades nacionalizadas y de 600.000 euros en las que recibieron FROB 1.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos

Los directivos del sector de cajas recordarán durante años la fecha del 3 de febrero de 2012. Después de tres años de apoyo incondicional del Gobierno a la banca, el nuevo Ejecutivo ha hecho valer su condición de prestamista de último recurso para más de la mitad de las cajas de ahorros. Y lo ha hecho de la forma que más le va a doler a la cúpula de las entidades afectadas: recortando drásticamente sus sueldos.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecieron el viernes como si en lugar de proceder de un Consejo de Ministros, vinieran directamente de una asamblea de indignados de la Puerta del Sol. Las medidas anunciadas suponen todo un golpe de efecto y un aviso a navegantes: los ajustes que debe afrontar la economía española afectarán a todos los estamentos, desde los funcionarios hasta los banqueros.

El anuncio estrella es la limitación de los sueldos de los presidentes de las cajas que han recibido apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En caso de que estén disfrutando de ayudas en forma de préstamos (como es el caso de Bankia, Banca Cívica o BMN), sus directivos no podrán cobrar más de 600.000 euros al año. En el caso de Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y Bankia y ministro de Economía cuando De Guindos era su subordinado, supondrá una reducción de su sueldo del 74,4%, puesto que en 2011 cobró 2,3 millones.

En el caso de aquellas entidades que han sido nacionalizadas (Novagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia), el tope salarial para sus primeros espadas es de 300.000 euros. En estas entidades, los altos directivos no podrán cobrar ningún tipo de retribución variable.

El presidente ejecutivo de Catalunya Caixa, Adolf Todó, ha percibido en 2011 una retribución de 1,55 millones de euros, con lo que tendrá un recorte del 80% de su salario. En el caso de la caja gallega, donde se recurrió a dos directivos de prestigio para tratar de sanearla -José María Castellano (presidente) y César González- Bueno (consejero delegado)- verán disminuida su remuneración en un 66%.

La vicepresidenta argumentó la adopción de esta medida por las aportaciones de dinero público en estas cajas "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad". Las cuatro cajas que tienen en su balance participaciones preferentes del FROB, acumulan una deuda con este organismo de casi 7.000 millones de euros. Mientras, las tres cajas y el banco controlados completamente por el FROB han recibido más de 5.000 millones de capital.

La limitación de las retribuciones también afecta a los miembros de los consejos de administración. En el caso de las cajas nacionalizadas, los consejeros no podrán percibir más de 50.000 euros al año y en las financiadas por el FROB el límite es de 100.000 euros. En 2011, la retribución media de los consejeros de Caja Madrid (integrada en Bankia) fue de 850.000 euros y de 550.000 euros en el caso de Catalunya Caixa.

Meses de malestar social

Estas medidas se produce tras meses de malestar social por los altos salarios y compensaciones que han recibido los directivos de algunas de las cajas de ahorros rescatadas. Desde algunas entidades se ha criticado que se meta en el mismo saco a directivos que llevaban años en la gestión de la caja -con lo que serían responsables del deterioro de sus cuentas- con aquellos que han llegado a la cúpula de las entidades en los últimos años.

Otra de las medidas contempladas en el decreto ley es la limitación de la estructura de gobierno de las cajas. A partir de ahora, aquellas que operan a través de un banco filial (el 99% del sector) tan solo podrán contar con un consejo y una asamblea. De esta forma, se suprime comisiones como las de auditoría o retribuciones. También se les eximirá cumplir con algunos de los requisitos de control, puesto que su actividad financiera ha quedado prácticamente extinguida. Se han convertido en meros accionistas de sus bancos filiales y gestores de la obra social. Para reforzar este último aspecto, el Gobierno obligará a las entidades a que destinen al menos el 90% de los ingresos que obtienen como accionistas de sus bancos filiales como dividendos a la obra social.

Además, el Gobierno ha modificado el umbral que obliga a una caja a convertirse en fundación. A partir de ahora, una caja de ahorros cambiará su estatus jurídico cuando controle menos del 25% del capital de su banco filial. Esta medida afectará muy especialmente a entidades cotizadas como Bankia y Banca Cívica, que podrían ver su participación de control en sus respectivos bancos bajar del 50% actual en caso de que acometan ampliaciones de capital.

Drástico ajuste

80% Este será el recorte que tendrá que aplicarse en su remuneración Adolf Todó, presidente de Catalunya Caixa, con la nueva regulación.

7.000 millones Es la suma que han recibido cuatro cajas, en forma de créditos del FROB. Las cuatro entidades intervenidas han obtenido otros 5.000 millones.

25% Este es el nivel mínimo de capital que debe mantener una caja en su banco filial para no convertirse en fundación.