A solicitud de inspectores de la Agencia Tributaria

La Audiencia requiere a La Caixa movimientos de una cuenta en el procedimiento contra Ruiz-Mateos

El juez Pablo Ruz, del juzgado de instrucción número cinco de Madrid, que investiga la denuncia presentada por inversores en pagarés de Nueva Rumasa, requiere a La Caixa movimientos habidos en una cuenta de una sucursal de Valladolid tras solicitarlo inspectores de la Agencia Tributaria.

En el auto, con fecha de hoy 3 de febrero, y al que ha accedido este diario, el juez reclama información sobre los movimientos habidos en dicha cuenta desde el 25 de enero de 2010 hasta la actualidad. Y que se aporte cualquier tipo de justificante sobre salidas desde esa cuenta al Banco Echeverría por valor de aproximadamente cuatro millones de euros. Se trata de transferencias urgentes realizadas entre el 17 de septiembre de 2009 y el 29 de octubre de ese mismo año, llevadas a cabo varios días de una misma semana y en las que se transfería desde 50.000 euros hasta más de 800.000. El juez libra mandamiento para que la "unidad policial actuante a efecto" realice las gestiones precisas.

El magistrado admitió a trámite el pasado mes de junio una querella contra José María Ruiz-Mateos, su esposa y sus seis hijos varones presentada por 63 querellantes representados por el despacho Martínez Echeverría. Los querellantes son inversores en pagarés emitidos por empresas de Nueva Rumasa. Según el último informe elaborado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción la familia Ruiz-Mateos captó 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés. La pasada semana la policía registró varios inmuebles de la familia, incluyendo su residencia en la urbanización de Somosaguas, en Madrid.

Banco Echeverria

Esta semana la administración concursal de Carcesa, la empresa que perteneció a Nueva Rumasa, ha presentado un escrito reclamando al Banco Echeverría 54 millones de euros. Los administradores nombrados por el juez del concurso en la compañía de Ruiz-Mateos, propietaria de marcas como Apis o los zumos Fruco, consideran que se llevaron a cabo movimientos en la cuenta del banco en el que Carcesa era titular que agravaron la situación financiera de la compañía.

De acuerdo a los extractos bancarios presentados en el proceso concursal de Carcesa, diariamente se produjeron disposiciones de efectivo que llegaban a los 99.000 euros.