Las empresas temen que las comunidades no usen la línea ICO porque las obliga a más ajustes

La falta de liquidez de las regiones dispara un 37% su deuda sanitaria

La deuda sanitaria de las comunidades autónomas se disparó en el cierre de 2011. A 31 de diciembre debían 11.595 millones, lo que supone un alza del 37% en tasa anual. Las dificultades de tesorería han llevado a algunas autonomías a incrementar el recurso a financiarse a costa de sus proveedores.

La presión de los laboratorios farmacéuticos y de las empresas de tecnología sanitaria ha llevado al Ejecutivo a anunciar la creación de una línea ICO para que las comunidades autónomas salden la deuda sanitaria. Así se lo hizo saber el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía en el último Consejo de Política Fiscal, celebrado el pasado 20 de enero.

Ese instrumento estará listo en un par de meses, aunque el Ejecutivo tendrá que acelerar su puesta en marcha para cortar la sangría de la deuda sanitaria. A finales de 2011, esa cifra se disparó hasta los 11.595 millones, lo que supone un incremento del 37% en tasa anual y de 3.136 millones en términos absolutos. Especialmente significativo fue el avance experimentado en los tres últimos meses, en los que la deuda aumentó en 1.037 millones, una tercera parte del total. Eso implica un ritmo de crecimiento de 11,5 millones de euros al día. A esta cifra han colaborado especialmente la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, que suman la mitad de la nueva deuda contraída entre octubre y diciembre.

Ese aumento sin control ha obligado a Hacienda a exigir a las comunidades autónomas que extremen la vigilancia sobre la evolución de la deuda, con el fin de que no siga creciendo de forma desbocada y a la espera de que se ponga en marcha la nueva línea ICO. El problema es que el acceso a esos fondos estará condicionado a la presentación de un plan de saneamiento adicional. Fuentes empresariales consultadas por CincoDías advierten que las elevadas exigencias de ajuste de gasto a las comunidades más endeudadas puede llevar a estas a no hacer uso de la liquidez que les aporte el Ejecutivo.

Y entre esas regiones hay dos que destacan por su elevado nivel de endeudamiento y por el retraso que acumulan en los pagos. Andalucía y Comunidad Valenciana adeudan 2.807 y 2.265 millones, respectivamente. La suma de ambas representa el 44% del total de la deuda sanitaria. Pero no solo deben mucho dinero, sino que han aplazado sus pagos a proveedores hasta límites insospechados, vulnerando lo fijado en la nueva Ley de Morosidad. Esta establece que las Administraciones no podrán demorar sus pagos más allá de los 60 días en 2012. Nada más lejos de la realidad. La Comunidad Valenciana paga a los laboratorios sus facturas a 884 días (casi tres años ) y a las empresas de tecnología sanitaria, a 841 días. En el caso de Andalucía, los pagos se formalizan en 713 y 746 días, respectivamente.

Más deuda con menos gasto

El alza de la deuda y los retrasos en los pagos chocan con la fuerte reducción sufrida por el gasto farmacéutico. En 2011, la factura que tuvieron que pagar las comunidades autónomas por la prescripción de medicamentos con cargo a la Seguridad Social descendió hasta los 11.136 millones de euros, lo que supone una caída cercana al 9%. Esa rebaja fue impulsada por los recortes de precios aprobados el pasado ejercicio, por el mayor uso de los genéricos y de la prescripción de fármacos por principio activo. Ese ahorro de 900 millones de euros, sin embargo, no se ha destinado a saldar la deuda con los laboratorios, que se incrementó en 1.685 millones de euros, a un ritmo de 4,6 millones diarios.

La prioridad será rebajar el gasto farmacéutico

La ministra de Sanidad, Ana Mato, dejó claro, en su primera comparecencia en el Congreso, que una de las prioridades durante esta legislatura será la contención del gasto farmacéutico. "Sanidad permitirá a las Administraciones autonómicas incorporar criterios de eficiencia en la prestación para rebajar el coste de la factura farmacéutica", aseguró, sin concretar más allá. Esa frase, sin embargo, puede ser interpretada de dos maneras: que las medidas aplicadas a lo largo del pasado ejercicio para rebajar la factura (la introducción de los genéricos o la prescripción principio activa) se aplicarán con mayor intensidad o bien que se aplicarán planes más agresivos, como el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia. Este programa, elaborado bajo el principio de que una Administración pública solo tiene que financiar el fármaco de menor coste y no el más caro, enfrentó al Gobierno central y a la Xunta de Galicia. El anterior Ejecutivo interpuso un recurso ante el Constitucional al considerar que vulneraba el principio constitucional de garantizar las mismas prestaciones en todas las comunidades autónomas. El nuevo Gobierno ya ha sugerido que estaría dispuesto a retirarlo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que el catálogo permitió un ahorro de 102 millones en 2011. "Esto equivale a que cada día gastamos 300.000 euros menos en medicamentos, sin que se haya resentido esta prestación".

Lo que parece claro es que, por ahora, no se van a aprobar nuevas rebajas de precios de los medicamentos. Los laboratorios han alertado sobre el impacto que han tenido en sus cuentas y han advertido sobre el riesgo de deslocalización a otros países.