La banca realizará el 66% del saneamiento del balance contra beneficio

El Gobierno pretende que la mayor parte de las nuevas provisiones por el deterioro de los activos inmobiliarios se hagan con cargo al beneficio. Esta medida supondrá un importante desafío para el sector financiero.

Los resultados de las entidades financieras españolas se van a ver muy comprometidos con la reforma financiera que aprobará el viernes el Ejecutivo. De acuerdo con las pinceladas que el ministerio de Economía está trasladando al sector, la intención es que el aumento de las provisiones vinculadas a los activos inmobiliarios se haga con cargo a beneficios. Además, no solo afectará a créditos potencialmente problemáticos, sino que se exigirán dotaciones adicionales para el conjunto de los préstamos concedidos a constructoras y promotoras.

"El Gobierno pretende que el 66% de las nuevas provisiones se carguen contra la cuenta de resultados", explican fuentes financieras. Si hay que realizar una dotación sobre el 80% del valor de un suelo urbanizable (los porcentajes aún se están debatiendo), dos tercios de esa partida saldrían del beneficio, mientras que una cuarta parte podría proceder del capital. Así, si el solar se hubiera valorado en 100 millones y se hubieran provisionado tan sólo 30 millones, de los 50 millones adicionales que habría que dotar, 30 deberían imputarse al resultado y 20 contra capital.

Un 'tsnunami' que ahogará a la mitad del sector

Muchas entidades financieras, especialmente cajas de ahorros, tendrán serias dificultades para cumplir con la nueva normativa, dado el bajo nivel de generación de resultados que presentan después de tres años de crisis. "Es una barbaridad lo que quieren hacer. Van a provocar un tsunami que ahogue a la mitad del sector, para provocar que las entidades pequeñas se entreguen en brazos de los grandes grupos", explica un directivo de una caja mediana.

El objetivo que persigue el Ejecutivo al reclamar a la banca que provisione 50.000 millones de euros por su exposición al ladrillo es despejar las dudas que existen sobre la solvencia del sector y conseguir que el crédito vuelva a fluir a familias y empresas.

Hasta ahora, el sector contaba con que las nuevas provisiones estuvieran vinculadas a los activos "potencialmente problemáticos" identificados por el Banco de España: créditos inmobiliarios en mora o subestándar (en cuarentena, ante el riesgo de impago) y activos adjudicados (pisos, solares, promociones...) pero, según ha transmitido el Ejecutivo a diversas entidades en reuniones de trabajo, también va a pedirse un peaje adicional al ladrillo bueno.

Los activos inmobiliarios que no presentan ningún problema deberán provisionarse entre un 7% y un 11%, según las primeras estimaciones. El mejor o peor perfil del suelo, los pisos o los créditos que la entidad tiene en balance, determinarán que se le exija un 7%, un 9% o un 11%. "El Gobierno tiene muy claro que no todo el suelo urbanizable es igual, y que no es lo mismo una promoción en curso que lleva parada tres años que otra en la las obras no se han interrumpido", explican fuentes del sector. "Su idea es hacer un ajuste fino".

La obligación de realizar provisiones sobre el ladrillo bueno se justifica por las críticas que han recibido los bancos y cajas españoles por no reflejar en sus balances el valor real de los créditos inmobiliarios. Diversos analistas han denunciado que el crédito a promotores se refinancia de forma automática para evitar que aumente la morosidad de este tipo de préstamos, que ya supera el 20% en la mayoría de entidades.

Fusiones

Pero este no será el único cambio de la reforma financiera que ultima el Gobierno. Según fuentes financieras, los cambios incluirán la concesión de préstamos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el conocido como FROB 1) para las entidades que participen en la segunda oleada de fusiones. Este mecanismo ya fue utilizado a finales de 2009 y en 2010.

Los préstamos se concederán a unos tipos de interés entorno al 8%, según estas mismas fuentes.

Esta alternativa ha sido aceptada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque no implica la generación de déficit público y, por tanto, no cuesta dinero al contribuyente.