Denuncian disposiciones de hasta 99.000 euros a diario de las cuentas de Carcesa
La administración concursal de Carcesa (Nueva Rumasa) reclama 54 millones a Banco Etcheverría
La administración concursal de Carcesa, la empresa que perteneció al grupo Nueva Rumasa, reclama al Banco Echeverría 54 millones de euros. Los administradores nombrados por el juez en la compañía de Ruiz-Mateos, propietaria de marcas como Apis o los zumos Fruco, consideran que se llevaron a cabo movimientos en la cuenta del banco en el que Carcesa era titular que agravaron la situación financiera de la compañía.
De acuerdo a los extractos bancarios presentados en el proceso concursal de Carcesa, diariamente se produjeron disposiciones de efectivo que llegaban a los 99.000 euros. La normativa sobre prevención de blanqueo de dinero contempla que bancos y cajas comuniquen a Hacienda movimientos superiores a los 100.000 euros.
Según el despacho de abogados Iure, el fin de esas salidas de la caja de Carcesa en Banco Echeverría tenían como fin "la elusión de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales, conllevando un posible fraude de ley y una mala praxis financiera". El bufete ha informado que Banco Echeverría se escuda en el hecho de que las cantidades no superaron el límite marcado por la ley para no atender la reclamación de la administración concursal de Carcesa.
Carcesa fue una de las 13 empresas de Nueva Rumasa que emitieron pagarés. El año pasado se declaró en concurso; unos meses después, en septiembre, Ruiz-Mateos anunciaba la venta del grupo al empresario Ángel de Cabo, especializado en liquidaciones y que en 2010 se hizo de una forma similar con el grupo Marsans.
El juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite el pasado mes de junio una querella contra José María Ruiz-Mateos, su esposa y sus seis hijos varones presentada por 63 querellantes representados por el despacho Martínez Echeverría. Los querellantes son inversores en pagarés emitidos por empresas de Nueva Rumasa. Según el último informe elaborado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción la familia Ruiz-Mateos captó 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés. La pasada semana la policía registró varios inmubles de la familia, incluyendo su residencia en la urbanización de Somosaguas, en Madrid.