Una reforma tan profunda que justifique una huelga general

Rajoy se ha puesto la venda antes de sangrar la herida: "La reforma laboral me va a costar una huelga; si al señor Zapatero, que hizo una reforma que se ha demostrado con el tiempo que no ha servido para nada, le hicieron una huelga, yo doy por descontado que a mi, me la van a hacer". Lo que realmente el presidente del Gobierno transmitió en Bruselas es que la reforma laboral será dura, profunda, y tan dura y tan profunda como para que justifique una huelga general.

En España cada reforma laboral ha sido acompañada por una huelga general, con las dos únicas excepciones de las dos modificaciones legislativas que precisamente rebajaban el coste del despido: la puesta en marcha de los contratos temporales en 1984 y la posibilidad de despedir a 33 días por año, en 1997. Los sindicatos han convertido una auténtica bomba atómica, que eso es en la actividad sindical una huelga general, en moneda de cambio de su gestión cada vez que algún gobierno ha intentado movilizar la legislación laboral, aunque fuese en aspectos bastante baladíes.

En muchos casos han logrado doblar la voluntad ejecutiva, como a Aznar en 2002, por la insistencia de Rodrigo Rato (él creía que iba a ser el sucesor y se puso populista) en paralizar una pequeña reforma que protendía movilizar a los parados estructurales ante la falta evidente de mano de obra en muchas actividades y el enquistamiento de la protección por desempleo de algunos colectivos, y que se resolvió con la entrada de desordenada y masiva de inmigrantes. En otros casos no cambió la voluntad política, aunque los efectos de las reformas combatidas hayan sido ciertamente limitados. Es el caso de la que en 1993 movilizó las normas de la vida interna de las empresas para ganar flexibilidad, pero que devino en poco útil por las trabas puestas por los sindicatos dentro de las empresas.

Por tanto, esta vez no será diferente y habrá una huelga general. La reforma no será como la que hizo Zapatero en 2010, ni la huelga tampoco lo será. Los cambios normativos aplicados por Zapatero se limitaron a arañar en la superficie de las normas, pero respetando celosamente los derechos que desde el franquismo consagra la ley para los trabajadores. No obstante, los sindicatos replicaron con una huelga por el simple hecho de que consideran que nadie en la esfera política tiene derecho a tocar una normativa que, entienden, debe estar reservada sólo para ellos, y que sólo con un pacto previo con ellos es posible hacer una reforma.

Desde luego que una reforma consensuada es más útil; pero si no es posible, la alternativa no es no hacer nada en un país que tiene 5,3 millones de parados. 5,3 millones de parados. Lo repito porque es algo así como el cuádruple de la afiliación que tienen los dos grandes sindicatos, en la que se apalancan, con la ayuda de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para gobernar la vida laboral de todos los españoles, y paralizar las salidas a una solución para los desempleados y los temporales, nada menos que otros cuatro millones de trabajadores asalariados.

En 2010, el 29 de septiembre, San Miguel arcángel, los sindicatos convocaron una huelga general que les retrató, que desnudó su verdadera fortaleza. Zapatero hace como que hace una reforma laboral, y los sindicatos hacen como que hacen una huelga general. Al final, ni reforma, ni huelga, y eso sí, cuatro años perdidos en los que el ajuste, una vez más, se ha hecho vía cantidad (pérdida de empleo), en vez de hacerlo por precios (recorte de salarios).

Esta vez será diferente. La reforma laboral tendrá calado real, y para ello las empresas deberán tener mecanismos efectivos para poder ajustar con los sueldos sus situaciones críticas, en vez de hacerlo siempre con pérdidas de empleo. Y el Gobierno hará un movimiento claro para rebajar el coste del despido, que es, con su carácter proteccionista y franquista, uno de los principales obstáculos para la contratación.

El despido improcedente, figura en la que terminan por decisión judicial, (o pacto previo por prever y anticipar la decisión judicial) todos los ajsutes de plantilla, debe bajar de los 45 días por año con 42 mensualidades de acumulación. La clave es dónde lo colocará el Gobierno. Pero puede hacerlo en 33 días, figura que ya existe y nadie utiliza, en 30 días con dos años de acumulación; en 20 días con un año de acumulación; etc. Tiene varias alternativas, respetando incluso los derechos adquiridos de quienes ya tienen ahora contrato fijo, y sus sacrosantos 45 días por años con 42 mensualidades.

Esa es la única reforma que justificaría una huelga general, que, en todo caso, los sindicatos harán de oficio, porque para ellos, todo es una agresión a sus derechos. ¿Llamarán a los 5,3 millones de parados a la huelga?