La moratoria renovable del Gobierno afectará a unos 4.500 MW eólicos
El Gobierno ha decidido cerrar temporalmente la ventanilla del prerregistro para nuevos proyectos renovables. Ello afectará a 4.500 MW eólicos que están en trámite (esencialmente de los concursos autonómicos) y no han sido aún inscritos, pero seguirán adelante los 1.200 MW de termosolar ya autorizados.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció el viernes por sorpresa la decisión del Gobierno de suspender temporalmente los incentivos económicos de las nuevas instalaciones del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) y el procedimiento de preasignación del Ministerio de Industria, que es el último trámite administrativo para que las plantas se puedan construir y reciban las primas. La norma anunciada, que supone una modificación de la Ley Eléctrica, afectará a 4.500 MW eólicos, a otros 250 MW fotovoltaicos y, sobre todo, a la industria que gira en torno a esta actividad.
La medida no será retroactiva, por lo que la capacidad inscrita en el prerregistro seguirá para adelante: 1.600 MW eólicos y otros 1.200 MW termosolares, fudamentalmente. La fotovoltaica se rige por un mecanismo de cupos trimestrales y, según fuentes del sector, después del recorte de primas aprobado por el Gobierno anterior en diciembre de 2010, ya se habían descolgado 2.500 MW y en estos momentos solo hay en lista de espera los 250 MW antes citados. Fuentes de este sector auguran una pérdida de 10.000 empleos directos sobre los 12.100 que hay en total, cuando las nuevas plantas solo suponen 70 millones en primas al año. "Quedará solo el personal de mantenimiento".
El titular de Industria justificó la medida en la necesidad de controlar el déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, se cifra en 24.000 millones de euros. "De no tomar ninguna medida -dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- se producirían entre 3.000 y 4.000 millones más cada año". Y añadió que "el déficit tarifario es una amenaza para el sistema". Las primas a las renovables (7.200 millones de euros para este año, según Soria) representan un tercio de los costes de la tarifa de acceso o peajes, pero, dado que no se trata de ninguna medida retroactiva, estos incentivos no desaparecen.
La medida afecta a los últimos concursos autonómicos: Galicia, Cantabria, Canarias o Extremadura (el de Cataluña está parado por decisión judicial), en los que las grandes eléctricas se han repartido, en general, la capacidad subastada. Fuentes de estas compañías prefieren quitar hierro al asunto, pues tampoco ninguno de estos proyectos se iban a poner en marcha a corto plazo, por lo que un aplazamiento temporal tampoco se considera muy grave. "Podremos seguir con los trámites en tanto se levanta la moratoria".
A pesar de todo, Soria señaló que es el primer paso para una reforma más amplia, el Gobierno -dijo- mantiene su apuesta por las energías renovables y dijo que la medida no compromete los objetivos de renovables para 2020, "pues "hay margen de maniobra" Según el ministro, por el momento, no hay planteada la aplicación de una tasa a la nuclear, pero tampoco la descartó. La sobrecapacidad del sistema justificaría también una moratoria que no tiene fecha final. La capacidad instalada duplica a la demanda de las horas punta.
El presidente de la Fundación de Renovables, Javier García Breva, considera que la decisión del Gobierno es "un gravísimo error histórico, fruto de la improvisación".
Las cifras
1.600 MW eólicos sí podrán ser desarrollados, pues figuran inscritos en el prerregistro de Industria. También 1.200 MW termosolares.10.000 personas irán al paro en la industria fotovoltaica sobre un total de 12.000, según la asociación del sector Asif.
Un dudoso recorte del déficit de tarifa
Las empresas de Unesa han perdido la batalla librada contra las primas a la termosolar. La patronal de las grandes eléctricas había solicitado una moratoria temporal para los 1.200 MW ya inscritos en el prerregistro del Ministerio de Industria. Para ello apelaban a la inmadurez de una tecnología cuya retribución es muy superior a los precios del mercado (unos 170 euros MWh) y que provocará un déficit de tarifa añadido de 1.600 millones de euros anuales.De hecho, la asociación del sector, Protermosolar, aseguró que la decisión del Gobierno les "tranquiliza", a la vista de que las plantas que están en el prerregistro o en fase de construcción no resultarán afectadas.Por el contrario, el Gobierno ha decidido paralizar los proyectos en trámite pero no inscritos aún, que son esencialmente de eólica. Sorprende la apuesta por la tecnología más inmadura y que se deje fuera a la que es más competitiva. Por serlo, aseguran fuentes cercanas al Gobierno, estas plantas podrían funcionar sin recurrir al cobro de primas.Entre las grandes del sector, Iberdrola y Gas Natural Fenosa serían las más afectadas por la medida, aunque tampoco parece preocuparles una ralentización de las inversiones. Por su parte, Enel Green Power, participada por Endesa, no tiene ningún proyecto fuera del prerregistro, por lo que sería la menos influida. Los megavatios eólicos afectados son los otorgados por las comunidades autónomas. En Extremadura, su presidente, José Antonio Monago, se lamentó del perjuicio que la medida ocasionará a su región.A la maltrecha fotovoltaica, que ya sufrió un recorte de primas hace más de un año, este hecho y las dificultades de encontrar financiación han provocado el derrumbe de los proyectos.