Las regiones se enfrentan a multas de 2.000 millones con la Ley de Estabilidad
El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado el viernes establece multas del 0,2% del PIB para las comunidades y ayuntamientos que incumplan sus planes de reequilibrio por déficit excesivo. Hacienda podrá incluso intervenir sus cuentas.
La reforma constitucional aprobada por el PP y el PSOE para blindar el equilibrio de las cuentas públicas ha comenzado a desarrollarse con la aprobación el viernes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que las comunidades y grandes ayuntamientos que incumplan su plan de reequilibrio financiero para corregir su desviación del límite de déficit deberán constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses se convertirá en multa efectiva. Sobre un PIB nacional de un billón de euros, el 0,2% equivale a unos 2.000 millones. A los nueve meses de prolongarse la situación de desequilibrio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enviará una delegación para intervenir dicha Administración. "La visita no es una visita de cortesía".
El incumplimiento del objetivo de déficit exigirá la elaboración de un plan de reequilibrio a un año, pero si persiste el desequilibrio la Administración tendrá que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que asegure los objetivos marcados.
El anteproyecto introduce la deuda pública "como criterio de sostenibilidad presupuestaria". Siempre deberá estar por debajo del 60% del PIB y todas las Administraciones deberán presentar superávit en términos SEC. El déficit estructural del conjunto de las Administraciones no podrá exceder el 0,4%, "salvo catástrofes, recesión y emergencia extraordinaria". Se establece también un techo de gasto para todas ellas, que ahora solo es obligatorio para el Estado central.
Periodo transitorio
Aunque se apruebe la ley a corto plazo en las Cortes, se establece un "periodo transitorio hasta 2020 para cumplir los límites" de deuda y déficit marcados en la norma. Hasta entonces, el déficit estructural del sector público se deberá ir reduciendo el 0,8% anual hasta llegar al 0% en 2020. En 2015 y 2018 se revisará la senda de déficit y deuda
Hasta 2020 el sector público tendrá que reducir la deuda "siempre que la economía crezca". "Cuando la economía nacional alcance el 2% de crecimiento o se genere empleo, la obligación será reducir dos puntos el peso de la deuda sobre el PIB".
"Somos el único país del euro que tiene una ley así. Esa es la manera de superar la crisis y volver al crecimiento", dijo Montoro. "Hay que aceptarlo con naturalidad porque es el sistema en el que estamos integrados en la UE". El gasto de las Administraciones no podrá aumentar por encima del incremento del PIB.
Una norma que enaltece las cuentas saneadas
La deuda pública no podrá superar el 60% del PIB de ninguna Administración.Todas las Administraciones deberán presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá tener déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.El techo de gasto se extiende como obligación a las comunidades y grandes ayuntamientos. Será acorde con el objetivo de estabilidad y con la regla de gasto.El gasto de las Administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.El incumplimiento de los objetivos exigirá presentar un plan económico-financiero a un año. Si la situación no se corrige, se deberá aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos para conseguirlo.Si hay sanciones a España por déficit excesivo, serán asumidas por las Administraciones incumplidoras. Después de tres meses de incumplimiento, la Administración deberá constituir un depósito equivalente al 0,2% del PIB, que se convertirá en multa tres meses después.