La supresión de altos cargos ha ahorrado 4,4 millones de euros solo en personal

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cifrado este martes en 4,4 millones de euros el ahorro que ha obtenido el Ejecutivo "sólo en gastos de personal", gracias a que se ha "eliminado casi un 20% de los altos cargos".

En su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho de la austeridad su "compromiso político" antes de que se haya convertido en "mandato legal", como ocurrirá con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se aprobará el próximo viernes.

La número dos del Gobierno ha recordado el programa de reducción de la Administración que se puso en marcha "antes del primer Consejo de Ministros" y, como ejemplo, ha citado el Ministerio que dirige, que "ha reducido en un 42% las direcciones generales y en un 30% el gabinete de la Vicepresidencia".

Además, ha avanzado que el siguiente paso será "el redimensionamiento" de "todo el sector público empresarial y fundacional", con el objetivo de acabar con la "inflación administrativa". Así se ha referido al hecho de que entre 2004 y 2009, según ha dicho, se haya "disparado un 50%" el número de empresas públicas, fundaciones y consorcios.

A su juicio, hay "más que margen" para acometer una "amplia reducción", porque existen "2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios".

Y ha precisado en qué va a consistir este adelgazamiento que se pondrá en marcha de manera inmediata: el recorte del número de organismos, la fijación de "criterios de homologación de las retribuciones" de directivos y consejeros y la reducción del número de miembros de los Consejos de Administración.

Informe sobre organismos públicos antes de marzo

Para poder llevarlo a la práctica, el Gobierno presentará un "informe detallado" antes del mes de marzo sobre la situación del sector público empresarial y fundacional" que depende de cada ministerio, que precise los objetivos, funciones, resultados y costes de cada organismo, para "valorar su rentabilidad en términos económicos y sociales y decidir sobre su futuro".

Mientras tanto, en el nivel autonómico y local, ha precisado que las comunidades autónomas deberán informar en el plazo de un mes sobre los organismos públicos que dependen de ellas y después, a lo largo de este año, se acometerá "un plan de actuaciones de racionalización y reordenación".

Al margen de esta medida, ha recalcado que existen otros modos con los que incidir en la "reducción del gasto corriente y optimización de recursos" y ha puesto como ejemplo "la puesta en marcha de centrales de compras, la contratación compartida de servicios o un plan de gestión inmobiliaria de la Administración General del Estado".

Sáenz de Santamaría ha ido al detalle y se ha preguntado si "tiene sentido" que exista "patrimonio inmobiliario público infrautilizado y al mismo tiempo se estén gastando grandes cantidades en alquileres".

"Lo que en cualquier empresa privada sería una gestión ineficiente, en la administración que gestiona los recursos de todos es, sencillamente, intolerable", ha remachado.

Limitar el uso de aviones oficiales

También ha defendido que todos los cargos públicos tienen que ser "los primeros" en hacer "un esfuerzo" ante la crisis y, por ello, les ha instado a hacer un "uso austero de los medios materiales" que tienen a su disposición.

En concreto, ha anunciado que el Gobierno "limitará estrictamente el uso de aviones oficiales" a viajes de trabajo que los necesiten "por razones de urgencia, seguridad, dificultades de acceso o eficiencia".

Asimismo, ha asegurado que se utilizarán "siempre" las opciones de transporte "más eficiente" y se reducirán "al mínimo imprescindible y siempre con la máxima justificación" las delegaciones que acompañen a los ministros, que, además, deberán coordinarse cuando varios coincidan en la misma delegación.

La vicepresidenta ha insistido en que los miembros del Gobierno tienen que "practicar la austeridad" y ha apuntado que también deben hacerlo quienes "aspiran a representar a los ciudadanos". Por ello, ha recordado que el Gobierno ya ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de reforma de la Financiación de los Partidos Políticos y ha pedido a los grupos que la tramiten "cuanto antes" para demostrar así la voluntad de "asumir un esfuerzo compartido".

Según ha dicho, con la rebaja en un 20% de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se han ahorrado 30 millones de euros, a los que ha sumado otros 55 millones de ahorro correspondientes a la reducción que sufrirán también las subvenciones a sindicatos y asociaciones empresariales.

Ejes del programa de reformas

Sáenz de Santamaría ha asegurado que las líneas maestras sobre las que se asentará el "programa de reformas" del Gobierno de Rajoy son "austeridad, transparencia, responsabilidad y regeneración democrática".

La vicepresidenta ha insistido en que el objetivo del Gobierno es "salir de la crisis" y a ello orienta su calendario legislativo para las próximas semanas, con reformas que buscan "el equilibrio entre el control del déficit y el impulso de la competitividad".

Pero también ha recalcado que, aunque esto es "lo urgente y lo necesario", no es "suficiente" para "recuperar la confianza". Para ello, ha dicho, es "imprescindible garantizar la estabilidad institucional".

Asimismo, ha defendido la necesidad de buscar una salida a la crisis queriendo también "sacar de ella algo en claro". "La determinación de cambiar lo que no nos gusta", ha dicho. Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno cree que "ya está bien de decir que las cosas no están bien", porque ha llegado el momento de "cambiarlas".

"Es hora de liberarnos de estas cargas, de estructuras que no funcionan, de políticas que valen de muy poco, y de comportamientos que nos cuestan demasiado", ha afirmado.