Los abogados acusan a Garzón de desacreditar a la profesión
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) rechazó ayer la intervención de las comunicaciones de un ciudadano con su letrado y las acusaciones "indiscriminadas" a abogados del delito de blanqueo de capitales "realizadas sin prueba alguna" que suponen un descrédito para toda la profesión.
Así responde el CGAE, en un comunicado, a las declaraciones del juez Baltasar Garzón durante el juicio que se ha celebrado durante tres días en el Tribunal Supremo por ordenar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del caso Gürtel y sus abogados.
Garzón defendió ante el Supremo la legalidad de las escuchas al considerarlas la única vía para evitar que los cabecillas de la trama en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales a través de sus abogados. El CGAE señaló que la intervención de las comunicaciones entre un ciudadano y su abogado "no solo es inconstitucional", como han señalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, sino que es "un instrumento ilegal de control" de los poderes públicos sobre la privacidad y los derechos civiles.
La violación del derecho de defensa y del secreto profesional es "un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho", según el CGAE, que precisa que estas medidas "que la ley reserva exclusivamente para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar delinquiendo, no pueden ser aplicadas en cualquier circunstancia". Además, el CGAE sostiene que resulta de extrema gravedad la confusión intencionada de la función del abogado defensor con las actividades de su cliente, al considerar que la misión del letrado es constitucionalmente imprescindible para la protección de los derechos y para la paz social.
Parte de la trama
Garzón ha declarado que ordenó intervenir las conversaciones entre los abogados y los acusados del caso Gürtel mantenidas en prisión. La razón es que los letrados eran parte "nuclear" del blanqueo de capitales, lo que el CGAE cree que desprestigia al colectivo.