¿Se mojará el Ejecutivo a la hora de cambiar la ley?
A falta de un muy poco previsible acuerdo de última hora entre patronal y sindicatos, el Ejecutivo se pondrá manos a la obra desde el lunes para empezar a diseñar su reforma laboral. La inmensa mayoría de los expertos coincide en la necesidad de darle a las instituciones y normativa del mundo laboral la vuelta como a un calcetín. Pero, ¿se mojará el equipo de Mariano Rajoy a la hora de diseñar su reforma? ¿Qué opciones tiene?
Si acepta plenamente los seis pequeños pactos a los que han llegado los agentes sociales, eso impediría, por ejemplo, que el Ejecutivo legislara sobre dos aspectos que según los expertos deben modificarse mucho más intensamente. Se trataría del sistema de formación profesional para el empleo y la solución a la falta de acuerdo en la negociación de los convenios colectivos. En el primero de los casos, patronal y sindicatos han pactado prorrogar la situación actual, y en el segundo, limitar solo en parte la prórroga automática de los convenios (ultraactividad) a través del uso del arbitraje. Aceptar estos minipactos contravendría también la promesa electoral de Mariano Rajoy de limitar las prejubilaciones.
Dicho esto, si el Ejecutivo cumple su programa electoral, tendrá que posicionarse sí o sí, al menos en dos cuestiones fundamentales: los costes laborales (bonificaciones a la contratación y despido) y contratación; y, en segundo lugar, acerca del peso de los convenios de empresa en la estructura de la negociación colectiva.
Respecto al primero de los asuntos, se espera que el Gobierno cree un nuevo contrato "para la crisis". Si finalmente tiene en cuenta el modelo de contrato que estaban negociando patronal y sindicatos, este será de carácter indefinido pero tendrá una duración de entre dos y cinco años. Y su indemnización por despido estará entre los 20 días que defiende la patronal o los 30 que piden los sindicatos y con un máximo de una o dos mensualidades. En este punto hay una gran incógnita que marcará la diferencia: si se optará por que este nuevo contrato no sea solo para la crisis y sustituya los dos actuales contratos fijos, con lo que erradicaría la histórica indemnización por despido de 45 días por año.
Otra de las decisiones complicadas será optar o no por bonificar la contratación. Es una política que Rajoy defiende para los jóvenes pero que se ha demostrado bastante ineficaz en los últimos tiempos y de la que están en contra los interlocutores sociales.
En materia de negociación colectiva, y en concreto la apuesta popular de dotar de más poder a los convenios de empresa, el equipo de Rajoy deberá decidir si se pone en contra con ello a buena parte de la patronal y los sindicatos, que a través de los resquicios legales que les dejó la última reforma de los convenios están pactando en un 80% de los casos que sean los convenios sectoriales de ámbito superior a la empresa los que primen sobre el resto.
Otras incertidumbres son si el Ejecutivo dará entrada de lleno a las empresas de trabajo temporal en la intermediación del mercado de trabajo o si dotará de mayor poder a los médicos de las mutuas para dar altas.
Nada podrán hacer los responsables económicos del Gobierno acerca de la política salarial del sector privado, ya que esto compete exclusivamente al ámbito de la negociación colectiva. Aunque también en este punto podrán actuar con nuevos mensajes de contención salarial en el sector público.