El control previo podría limitarse a las autonomías que pidan ayudas
Ni Montoro, ni De Guindos. La redacción final de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, anunciada desde la campaña electoral como primera medida legislativa del nuevo Gobierno, podría quedar en un terreno intermedio entre las propuestas de los dos principales ministros del área económica.
La semana pasada, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue tajante en una entrevista con Financial Times:"Habrá un control previo. Antes de aprobar el presupuesto, [las comunidades] necesitarán la luz verde del Gobierno central".
El mensaje del responsable económico, claramente destinado a tranquilizar a los mercados, fue más allá, al reconocer que "las dificultades de liquidez son realmente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar el déficit de las comunidades autónomas".
Según el Gobierno, las regiones son responsables de tres cuartas partes del desvío del déficit presupuestario de España durante 2011, valorado en cerca de 20.000 millones de euros.
Pero el segundo de a bordo económico del Ejecutivo, Cristóbal Montoro, matizó bastante esa postura al reunirse ayer con los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En un comunicado, el ministro de Hacienda anunció que la Administración Central actuaría con "pleno respeto a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades". Un guiño, en este caso, para consumo más interno, que parecía alejar la posibilidad del control previo.
El resultado final podría estar entre las dos posturas en choque. Según han explicado a Efe fuentes del Gobierno, el solo se sometería a control presupuestario previo a las comunidades con problemas de liquidez que, de forma extraordinaria, pidan ayuda al Ejecutivo.
Además de una primera propuesta de reforma laboral, el Consejo de Ministros de mañana analizará un informe sobre la próxima ley de estabilidad presupuestaria, en la que se incluiría así esa limitación del control previo. En todo caso, según rezaba el comunicado de ayer del PP, se contemplará el establecimiento de sanciones "a la manera de la Unión Europea" para las comunidades autónomas que incumplan el objetivo del déficit.
La propuesta de implantación de sanciones para las incumplidoras goza de un amplio consenso entre las comunidades, pero el control previo dista mucho de esa aquiescencia. El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha señalado que para Cataluña la línea roja en la financiación autonómica no está tanto en las sanciones por incumplimiento de los límites de déficit como en el control previo a los presupuestos.
Hasta el momento, solo la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han pedido ayuda al Ejecutivo, aunque no es descartable que puedan sumarse otras en el corto plazo. Sintomáticamente, el grupo catalán fue el único que apoyó en el Congreso el proyecto de ajuste fiscal que sacó ayer adelante el Gobierno, marcando una alianza PP-CiU que podría resentirse con la ley de estabilidad.
Segundo encontronazo entre De Guindos y Montoro
En menos de tres semanas desde la formación del Gobierno, sus dos principales gestores económicos, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, han chocado en dos ocasiones. Durante la última semana del año, que culminaría con el fuerte recorte de gasto y la subida de impuestos anunciada el 30 de enero, se enfrentaron en una guerra de cifras sobre el tamaño del citado ajuste. En un encuentro informal con la prensa, el ministro de Economía asumió que el mismo podría rondar los 4.000 millones de euros. Pocas horas después, el Ministerio de Hacienda liderado por Montoro emitió un comunicado desmintiendo dicha cifra, que, en efecto, después se demostró muy conservadora.