José María Ruiz-Mateos volverá a declarar ante el juez el próximo 18 de enero
El empresario jerezano prestará declaración a petición propia por segunda vez dentro del caso de la presunta estafa de Nueva Rumasa
José María Ruiz-Mateos volverá a prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el próximo 18 de enero, en esta ocasión a petición propia, según han confirmado a EFE fuentes del departamento de Iure Abogados. El empresario jerezano se acoge así al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa". Ruiz-Mateos está imputado junto a sus seis hijos, su sobrino Zoilo Pazos y su mujer por una presunta estafa a los inversores de pagarés de las empresas del holding de Nueva Rumasa.
El pasado dos de enero el juez Pablo Ruz dio por recibida la solicitud del patriarca de la familia Ruiz-Mateos de volver a prestar declaración en el mismo auto en el que pedía a los Ruiz-Mateos que aclararan qué tipo de título (pagaré, letras de cambio, participaciones sociales...) habían emitido cada una de las 13 empresas que reconocía haber realizado algún tipo de emisión.
En su anterior declaración ante el juez Ruz el pasado 18 de octubre, Ruiz-Mateos asumió toda la responsabilidad por la gestión de las empresas de su grupo, con el fin de liberar a sus hijos de las posibles responsabilidades penales por la presunta estafa cometida con los pagarés emitidos por las enseñas del conglomerado. En aquella declaración, el empresario se negó a responder preguntas y se limitó a leer un comunicado de cuatro páginas donde aseguraba que respondía de todas las consecuencias derivadas de la insolvencia de las firmas de Nueva Rumasa.
La Fiscalía Anticorriupción concluyó el pasado mes de diciembre que la familia Ruiz-Mateos había captado un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de 13 empresas del grupo Nueva Rumasa, entre las que se encuentran Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa y Rumanova. Los fiscales consideraron probado entonces el delito de estafa contra los inversores, ya que destacaron que 8 de las trece sociedades emisoras "no habían satisfecho nunca cantidad alguna a sus inversores, por lo que el cien por cien de sus pagarés habían resultado fallidos".
