El TC confirma la anulación del grado de Ingeniería de la Edificación
El Tribunal Constitucional ha confirmado la sentencia del Supremo que anuló, por inducir a confusión, la denominación de Ingeniería de la Edificación, con la que los arquitectos técnicos pretendían sustituir el nombre de su titulación. La sentencia se dio a conocer ayer por responsables andaluces de los colegios de ingenieros de varias ramas. En el fallo, el Constitucional deniega el recurso de amparo interpuesto por los colegios de arquitectos técnicos.
El fallo del Constitucional pone punto final al intento de crear dicho título universitario, que fue aprobado por el Gobierno en 2007 en contra el criterio de los ingenieros y arquitectos superiores, según recordaron los convocantes. El Tribunal Supremo sentenció en marzo de 2010 que dicha denominación era contraria a las leyes porque inducía a confusión con las verdaderas ingenierías, y podría hacer creer que los arquitectos técnicos o aparejadores tenían competencias exclusivas en materia de construcción.
Ahora, el Constitucional considera que la sentencia del Supremo está elaborada conforme a las leyes y sin vulnerar los derechos de los profesionales que pretendían cambiar de nombre, ya que la decisión "no está basada en una interpretación arbitraria de la legalidad, es razonable y no incurre en errores". El Supremo basó su decisión en que se infringe la Ley Universitaria 6/2001 cuando establece que los títulos universitarios deben denominarse de modo que no produzcan confusión.
Los planes de estudio por los que se obtenía el título de este grado quedan anulados y los profesionales que han cursado esos estudios no se pueden llamar ingenieros de la edificación. En un voto particular, uno de los magistrados del TC propone al Gobierno que tome medidas urgentes para establecer las denominaciones adecuadas y aclarar la situación de los graduados.
Recursos
Los colegios profesionales han presentado en los últimos meses recursos contra los planes de estudio elaborados por varias universidades basados en la decisión del Gobierno ahora anulada, entre otras las de Sevilla, Burgos, País Vasco, Valencia y algunas privadas.