Al mercado eléctrico le sale un nuevo reformador

El nuevo ministro de Industria (ahora también de Energía), José Manuel Soria, ha cumplido con la promesa más fácil del Partido Popular en materia energética: la prórroga de la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo cierre está previsto para julio de 2013. Una medida con la quiere satisfacer a su electorado pronuclear y, sobre todo, a Endesa e Iberdrola, dueñas de la central a través de la sociedad Nuclenor.

Las dos eléctricas tenían la esperanza de recibir, si no toda, una parte de la indemnización de casi mil millones que habían reclamado en el recurso que presentaron ante la Audiencia Nacional contra el cierre, lo que lo hubiese rentabilizado. Sin embargo, la Audiencia falló en contra solo unos días después del desastre nuclear de Fukushima, en Japón. Con el PP en el poder se ha abierto la puerta de la prórroga de Garoña que, para qué engañarse, dejó claramente entreabierta el Gobierno de Zapatero, al optar por no cerrarla en 2009.

Sin apenas dilación, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha adoptado dos medidas con vistas a mantener en funcionamiento esta nuclear: la designación del municipio que albergará el almacén de residuos radiactivos (el de Villar de Cañas, en Cuenca), lo que Enresa consideraba una condición sine qua non para depositar el combustible gastado de la próxima recarga del reactor, y la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de un informe que certifique la viabilidad futura de la planta.

Pese a la impaciencia de los defensores de Garoña, que recuerdan que ya existe un informe del CSN de 2009 por el que le renovaba su licencia por 10 años, la norma exige un nuevo dictamen. Además hay tiempo de sobra para un trámite que, en cualquier caso, se podría resolver con rapidez (quizás un mes, según las empresas). El propio organismo de seguridad nuclear ha recordado que cuenta con información suficiente, la que ha recabado para someter al parque español a las pruebas de resistencia (test de estrés) exigidas por la Unión Europea tras Fukushima, y que incluyó a la nuclear burgalesa. Eso sí, no se descarta que, como al resto del parque, se le exijan inversiones para reforzar la seguridad (se calcula que unos 40 millones por planta).

Con estas medidas, el Gobierno de Rajoy puede dar por zanjada su política nuclear: con la construcción del ATC (un proyecto diseñado hace seis años por el PSOE) y Garoña prorrogada (una central de 460 MW de potencia) ya habrá cumplido. El futuro del resto de las centrales, con mucha mayor capacidad, se decidirá en la década de los años veinte. Por tanto, ahora, cualquier promesa vale.

Pero la extensión de la vida de Garoña y la sangría creciente del déficit de tarifa (que suma 23.300 millones, sin contar el extra que se genere este año por encima del admitido legalmente) es el mejor argumento para los que reclaman que se aplique una tasa a la energía atómica. Un caramelo envenenado para las dos grandes eléctricas, que prefieren el cierre de Garoña antes que soportar una tasa para toda su producción nuclear.

Entre los argumentos para alargar Garoña, el nuevo ministro de Industria, quizá poco ducho en las lides eléctricas, ha señalado uno del que no quieren ni oír hablar las eléctricas: "Que son instalaciones ya amortizadas". Si están amortizadas y con apenas costes variables, ¿por qué reciben el precio marginal del mercado mayorista?, argumentan los partidarios de gravar la energía nuclear y la hidráulica. O esto, o una reforma del mercado.

Desde su llegada a Industria, el ministro Soria ha vuelto a abusar, en línea con el resto de los miembros del Gobierno, del término reforma, sin aclarar en qué consistirán. Si estas suponen una rebaja de todos los costes regulados del sistema, el ministro se las tendrá que ver a cara de perro con los lobbies empresariales, con algunos de los cuales ya ha mantenido contactos.

De no hacerlo así, de nada servirá esa intención de Soria, expresada también por Rajoy en su discurso de investidura, de lograr abaratar el precio de la energía para que las empresas españolas sean más competitivas (también las eléctricas, desde Endesa hasta la última fotovoltaica, son empresas).

Como estrategia para no soliviantar a nadie, el nuevo ministro ha reiterado que "todas las tecnologías caben". Pero si esto es así, ¿qué compensaciones recibirán para seguir funcionando aquellas que no logran competir dada la sobrecapacidad del sistema? Y si hay compensaciones, ¿cómo se rebajarán los costes y se taponará el déficit de tarifa? Otra cuestión es qué piensa hacer Industria con las más contaminantes, cuando existen compromisos de reducción de las emisiones de CO2 (que subieron el 25% en 2011, según REE), y que el ministro también dice respetar.

Dada la grave situación del déficit de tarifa, reformar se traducirá en una bajada de los costes (retribuciones, primas, etc.) que derivará en un enfrentamiento con las empresas de los distintos sectores. Otra opción es subir drásticamente la tarifa, algo que quizá no admitan los ministros económicos, Guindos y Montoro, y menos aún Sáenz de Santamaría o Rajoy. De momento, estos han echado balones fuera, retirando de los Presupuestos casi 3.000 millones de las compensaciones extrapeninsulares que debían, por ley, financiarse con fondos públicos.

Una cifra que Soria ha convertido, de una tacada, en déficit al decidir congelar la tarifa en enero. Una herencia propia que no puede atribuir al pasado.