Patronal y sindicatos, divididos por el poder que deben tener los convenios de empresa
El acuerdo laboral está más cerca, pero aún hay discrepancias importantes. Entre las más destacables está consensuar el reparto de poder entre los convenios sectoriales y de empresa; las facilidades para los descuelgues salariales y los cambios en la contratación, fundamentalmente para el empleo a tiempo parcial.
Patronal y sindicatos tienen poco más de una semana para cerrar un acuerdo laboral y probablemente lo consigan. La magnitud de la reforma que pacten aún se desconoce pero a tenor de las últimas reuniones podría ser mayor de lo esperado inicialmente.
Así, a fecha de hoy, por lo menos, las posturas en los puntos más espinosos (contratación, salarios y negociación colectiva) están algo más próximas pero, a la vez siguen siendo los principales escollos de las conversaciones.
Las manifestaciones públicas de unos y otros apuntan a un acuerdo cercano en algún momento de la próxima semana (ya que, en principio, el Gobierno no les autoriza a seguir negociando más allá). Ayer, el vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández aseguró en declaraciones a la Cadena COPE, que las partes "están acercando postura" y "están bastante cercanos a poder llegar a un acuerdo". Algo más prudente se mostró el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, para quien los negociadores "no están en el punto de acuerdo, pero sí próximos".
De los puntos más conflictivos antes citados, el acuerdo salarial incluido en la renovación del Acuerdo de Negociación Colectiva, es el que más consenso reúne a fecha de hoy.
Tal y como avanzó el miércoles el líder de UGT, Cándido Méndez, los sindicatos aceptarán que los salarios suban por debajo de la inflación en 2012, 2013 y 2014, siempre que en este último ejercicio se aplique una cláusula compensatoria del poder adquisitivo perdido.
Toxo justificó ayer esta posición sindical al explicar que lo que necesita ahora mismo la economía española es un pacto de rentas, que combine actuaciones sobre salarios, precios y otras rentas, entre ellas las fiscales, pues ello permitiría a las empresas competir en precios y solucionar así uno de sus principales problemas. Y, dicho esto, se mostró escéptico sobre los posibles efectos positivos de una reforma laboral, ya que en su opinión, la economía española no creará empleo hasta que crezca a un ritmo del 2%.
¿Dónde están, por tanto, los principales escollos al acuerdo final?. Según fuentes cercanas a la negociación, las partes se muestran divididas ante "el reparto de poder en la estructura de la negociación colectiva". En concreto, discuten la fórmula de adecuar la última reforma de los convenios que dotaba de prácticamente de todo el poder de decisión a los convenios de empresa, "salvo pacto en contrario" de los representantes patronales y sindicales en el ámbito sectorial. Así, según estas mismas fuentes, los sindicatos quieren que sea ese "pacto en contrario" el que siga ordenando la negociación en cascada en la mayoría de los sectores; mientras que los negociadores patronales apuestan por aumentar la primacía de los acuerdos de empresa.
Los representantes de CEOE también quieren facilitar más las condiciones de las empresas para incumplir los salarios pactados, en cualquiera de los niveles. Pero los sindicatos consideran que estos descuelgues ya están lo suficientemente flexibilizados en la ley y en el vigente Acuerdo de Negociación Colectiva.
En cuanto a los cambios en materia de contratación, las discusiones están girando en torno a las condiciones para propiciar los cambios de empleo a tiempo completo por tiempo parcial, de forma reversible y como último recurso antes del despido. En este asunto, Toxo matizó ayer que el contrato a tiempo parcial es una "pieza importante" pero añadió que está siendo muy difícil encontrar el equilibrio entre la necesidad de facilitar la actividad de las empresas y el respeto a los derechos de los trabajadores, de forma que no se les recorten las indemnizaciones o prestaciones.
Toxo corrigió también ayer a Méndez al descartar al creación de un fondo, financiado con las bonificaciones al empleo, con el que costear indemnizaciones por despido. Esto deberá hacerse más adelante, dijo el líder de CC OO.
El detalle
La inaplicación salarial en la actualidadPacto de convenios: el Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012 señala que "la llamada cláusula de inaplicación del régimen salarial o de descuelgue salarial son parte del contenido mínimo de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa. Durante la vigencia del acuerdo, la trascendencia de preservar el empleo y las dificultades de financiación de las empresas justifican la conveniencia de posibilitar la inaplicación de los aumentos salariales de las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación".
El valor de un pacto amplio está muy presente en la mesa de diálogo
"Lo que se pacte, sea lo que sea, siempre será mejor que un decreto del Gobierno", aseguraban ayer fuentes sindicales. Los interlocutores sociales en mayor o menor medida le han visto las orejas al lobo en esta negociación. La gravísima situación del empleo en España y las primeras muestras de firmeza del nuevo Gobierno popular -al que no le ha temblado el pulso ni siquiera a la hora de contravenir sus principios decretando una fuerte subida de impuestos- han hecho que patronal y sindicatos se sienten a negociar con más disposición al acuerdo que en reformas anteriores.Ahora más que nunca, los interlocutores sociales repiten uno de sus mantras: las reformas laborales hechas por decreto y sin respaldo de empresarios y sindicatos tienen nulo éxito.Si bien, algunos sectores patronales se muestran confiados en que si el Ejecutivo decide gobernar unilateralmente en alguna materia, sobre todo en las referidas a la contratación, lo hará en línea con las tesis empresariales.Por el contrario, existen otros ámbitos empresariales que hacen hincapié en la necesidad de consensuar todos y cada uno de los cambios, fundamentalmente en materia de negociación colectiva, porque sin el respaldo sindical, su aplicación en la práctica sería imposible. O, en el mejor de los casos se dispararía la conflictividad laboral, algo que nunca conviene al empresario y menos en un momento de crisis como el actual.