Hacienda limitará los pagos en efectivo para reducir la economía sumergida
El Ejecutivo de Mariano Rajoy limitará el uso del dinero en efectivo para luchar contra el fraude fiscal. La medida, anunciada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sigue los pasos de Italia y Francia, que prohibieron los pagos en metálico superiores a 1.000 y 3.000 euros, respectivamente. El Gobierno aprobará en breve el nuevo Plan de Control Tributario por el que se espera recaudar 8.171 millones en 2012.
El tercer Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy sirvió para avanzar las líneas maestras del nuevo plan contra el fraude. La principal novedad es que España emulará a Francia e Italia al limitar el pago con dinero en efectivo. Es decir, a partir de una cierta cantidad -que puede rondar entre 1.000 y 3.000 euros- se obligará a empresas, profesionales y, probablemente también, particulares a pagar a través de transferencias bancarias o tarjetas de crédito.
Con esta medida se pretende que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. Además, en el caso de las empresas, limitar el pago en efectivo supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas. Este típico fraude consiste en que una empresa que tributa en el IRPF por el sistema de módulos emite una factura por un servicio que no ha prestado para que otra compañía pueda desgravarse un IVA que, en realidad, nunca ha pagado. Tanto el PSOE como Izquierda Unida propusieron durante la campaña electoral medidas en el mismo sentido.
Por otra parte, el nuevo plan, en palabras de Sáenz, pretende incentivar las regularizaciones voluntarias y ampliar "el ámbito del borrador del IRPF". Ello, según el Gobierno, permitirá destinar más efectivos a la lucha contra el fraude. La finalidad es que los inspectores de Hacienda pisen más la calle y estrechen la colaboración con sus colegas de Trabajo. La vicepresidenta cifró el objetivo de recaudación en 8.100 millones, una cifra inferior a los 9.400 millones que, en diciembre, Hacienda estimó que se recaudarían en 2011 por "actuaciones directas de control". En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es habitual mantener una política conservadora al fijar los objetivos. De hecho, el anterior Gobierno, contemplaba en los Presupuestos para 2011 que los ingresos por la lucha contra el fraude generarían 7.272 millones de euros. Así, el objetivo de recaudación establecido por el Gobierno de Rajoy para 2012 es un 13% superior a lo presupuestado el año anterior.
El portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, celebró que una de las primeras medidas que adopta el Gobierno se centre en reducir la economía sumergida. "Ello significa que el Ejecutivo reconoce que existe un problema de fraude en España", señaló. Además, valoró que fuera la vicepresidenta del Gobierno quien, tras un Consejo de Ministros, anunciara las líneas maestras del plan contra la evasión fiscal.
En este sentido, aplaudió el objetivo de Hacienda de incrementar los esfuerzos para que las deudas tributarias detectadas finalmente se consigan cobrar. No resulta extraño que la inspección descubra fraudes fiscales que, sin embargo, no se traducen en un aumento de los ingresos.
Tras la fuerte subida fiscal aprobada en el anterior Consejo de Ministros, ayer, el Ejecutivo de Rajoy, que sigue sin hacer declaraciones desde el discurso de investidura, quiso demostrar a los contribuyentes que habrá tolerancia cero con los defraudadores. De hecho, a los funcionarios de Hacienda no les afectará la medida que impide la reposición del personal en el sector público.
Otras áreas prioritarias de actuación
Explotar la información que ofrecen las eléctricas y la bancaEl Plan de Control Tributario que aprobará en breve el Gobierno no supone un cambio drástico respecto al anterior. En este sentido, el hecho de que Beatriz Viana conozca bien el funcionamiento de la Agencia Tributaria permite augurar un cambio de gestión más bien tranquilo. Así, Hacienda mantendrá y reforzará una operación que ya está en marcha y que contempla la inspección de locales que, si bien no están registrados como negocios, presentan un consumo eléctrico sospechosamente elevado. Las eléctricas transfieren periódicamente a la Agencia Tributaria esta información que la Inspección empezó a utilizar a finales del pasado año. Estos datos, también servirán para descubrir a contribuyentes que obtienen rentas por alquiler y no las declaran.Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el Fisco también recurrirá a los datos que les facilitan las entidades financieras para detectar economía sumergida. Actualmente, bancos y cajas de ahorros informan al Gobierno de todos los cobros con tarjeta superiores a 3.000 euros realizados por empresarios profesionales.El Ejecutivo reconoce "abusos en el impuesto sobre sociedades"En una de sus últimas intervenciones, la exvicepresidenta económica Elena Salgado aseguró que si su sucesor le pidiera consejo, recomendaría reformar el impuesto sobre sociedades. El Ejecutivo de Rajoy no va tan lejos, sin embargo, incluirá en el Plan de Control Tributario medidas, que no especificó, para "limitar el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del impuesto sobre sociedades". Sin decirlo, el Gobierno está señalando a los grandes grupos empresariales que, gracias a las cuantiosas deducciones que caontempla la legislación, logran tributar a tipos inferiores a las pequeñas y medianas empresas.Los últimos datos de la Agenacia Tributaria reflejan que los grupos consolidados, que incluye a las grandes multinacionales españolas, tributan a un tipo gravamen efectivo del 15,1% mientras que las pymes aplican un tipo superior al 20%.Fuentes internas de la Agencia Tributaria señalan que debería buscarse una fórmula para limitar los gastos financiero deducibles en los casos de préstamos entre empresas de un mismo grupo. De hecho, el anterior director de Inspección, Joan Cano, ya pidió, sin éxito, que se adoptara esta medida.Reforzar la colaboración con las comunidades autónomasEl Ejecutivo de Mariano Rajoy es consciente de que una lucha efectiva contra el fraude fiscal requiere de la colaboración con las comunidades autónomas, que tienen cedidos buena parte de los impuestos. "Promoveremos la adopción de acuerdos para el intercambio de aquella información de la que disponen ambas Administraciones por el ejercicio de sus competencias", señaló Soraya. Además, a lo largo del presente ejercicio, también se establecerán cauces y protocolos de intercambio de información con las haciendas forales del País Vasco y Navarra. Ambos territorios cuentan con un modelo tributario diferenciado al resto de comunidades autónomas.En cualquier caso, si bien la colaboración entre Administraciones es importante, el Ejecutivo entiende que también debe reforzarse la cooperación entre la inspección tributaria y laboral. De hecho, el anterior Ejecutivo ya puso en marcha un plan que permitiera unir las bases de datos de ambos departamentos. En cualquier caso, el Ejecutivo de Rajoy entiende que existe margen de mejora y pretende implantar mayores sinergias entre los inspectores fiscales y laborales.Mecanismos para lograr que las deudas tributarias se paguen"Aumentaremos el control del fraude en fase recaudatoria para evitar que se eluda el pago de deuda tributaria y aduanera". Las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría demuestran que existe un problema para convertir en ingresos los fraudes detectados. En este sentido, el portavoz de la Organización de Inspectores Fiscales, Francisco de la Torre, recordó que la nueva directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, era jefa de Recaudación en la Delegación Espacial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y, por tanto, conoce de primera mano esa situación.En este caso, el objetivo de Hacienda es evitar que los evasores fiscales pongan sus bienes a nombre de otros, normalmente familiares, cuando son descubiertos por la Agencia Tributaria. En cualquier caso, los últimos datos de Hacienda indican que, entre enero y noviembre, la Agencia Tributaria realizó 2.098 actuaciones para evitar vaciamientos patrimoniales. Por otra parte, también se establecerá que el contribuyente que evada impuestos deba responder ante la deuda tributaria con todos sus bienes.