El Ejecutivo pone en revisión todo ente y consorcio estatal para su fusión o venta
La remodelación del sector público será integral. El Gobierno anunció ayer la puesta en revisión de cualquier ente, sociedad o empresa estatal para su venta, transformación, fusión o incluso eliminación. El análisis se hará con carácter de urgencia a lo largo de este mes. Al tiempo, exigirá a las comunidades que cumplan con la reducción de entes comprometida, un plan que solo se ha ejecutado al 13%.
Sin paños calientes. El Gobierno ha decidido que la transformación del sector público empresarial sea generalizada. Se trata de una amalgama de 20.000 entidades (4.000 de ellas empresariales), repartidas entre la administración central, las comunidades autónomas y los municipios, según el informe que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro remitió ayer al Consejo de Ministros para su estudio.
El pedazo más pequeño de esta tarta (en cuanto a su número, no a su volumen de negocio) corresponde al Estado central con algo más de 400 entidades, entre sociedades mercantiles, empresas, consorcios y fundaciones, sobre las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene competencia exclusiva para realizar cambios profundos. Es, precisamente, lo que pretende, a juzgar por las directrices que hizo públicas ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, especialmente las que tienen carácter empresarial. "Se pondrá en revisión todas ellas con el objetivo de decidir su mantenimiento, fusión, traspaso, venta, incluso, su eliminación", recalcó. Aunque no dio nombres, Sáenz reconoció que gran parte de ellas se encuentran encuadradas en tres ministerios (Fomento, Hacienda y Economía). "Parte de estas entidades realizan actividades que poco tienen que ver con los servicios públicos", llegó a decir la vicepresidenta, subrayando que, en todo momento, se buscará el "mejor destino", para cada una de ellas, bajo los criterios de eficiencia y eficacia.
El informe que estudió ayer el Consejo de Ministros fue genérico. Pero la intención del Gobierno es profundizar en el conocimiento de cada una de estas entidades. Se busca, "sobre todo, su situación patrimonial, su masa salarial y el número y funcionamiento de altos directivos", en palabras de la propia vicepresidenta.
32.000 millones
La remodelación del sector público, sobre todo del empresarial, busca, en última instancia, la reducción del déficit público. Tras él se encuentra la deuda que generan muchas de estas empresas. En el caso de la administración central el endeudamiento acumulado por ellas alcanzaba los 32.285 millones de euros a finales de septiembre de 2011, según la última contabilidad realizada por el Banco de España. Del total, destaca, sobre todo la deuda de Aena, (12.369 millones de euros), Renfe Operadora (5.122 millones) y Adif (8.492 millones).
En el caso de Aena, hay pendiente un plan de privatización parcial que quedó paralizado hace apenas dos meses por el anterior Gobierno, al arreciar al tormenta bursátil, afectada por la crisis de la deuda soberana.
El Gobierno central tiene también pendiente el futuro de Loterías del Estado, cuya venta parcial también fue suspendida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero "al no darse las condiciones para una enajenación ventajosa para la administración", según se explicó en su momento.
Pero al margen de estas joyas de la corona que aún quedan en las alforjas del Estado central, el nuevo Gobierno quiere mirar con lupa la pléyade de pymes y fundaciones con participación estatal, muy vinculadas a la obra pública (Fomento, Medio Ambiente) y la gestión administrativa. El plan es fusionar las que se dediquen a actividades similares y, en otros casos, externalizar los servicios en los que se demuestre que el sector privado puede realizarlo de forma más eficiente. Este plan se realizará de forma urgente. La vicepresidenta anunció ayer que el Gobierno se tomará este mismo mes de enero para realizar este análisis.
Presupuestos saneados
El objetivo es tomar ya decisiones en firme, a continuación. Algunas de estas decisiones serán tomadas en paralelo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, cuyo proyecto de ley quiere el Gobierno presentar al Congreso de los Diputados a lo largo del mes de marzo. La idea de unos presupuestos saneados con menos entidades públicas se encuentra en estos momentos entre las prioridades del Ejecutivo. De hecho, durante la pasada campaña electoral el PP ya prometió una remodelación de la administración pública.
Retraso regional
Y en esta remodelación juega un papel importante también las comunidades autónomas. Ayer, Sáenz de Santamaría reconoció que el Gobierno central no puede actuar directamente sobre los entes públicos que dependen de ellas. Sin embargo, sí puede obligar a que se cumpla lo comprometido por ellas mismas. En esta línea, la vicepresidenta recordó que en 2010 los Gobiernos regionales se comprometieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a reducir el peso del sector público empresarial regional en 515 entidades. A fecha de hoy, tan solo se han eliminado 70 empresas y entidades. Es decir, "solo un 13% de lo comprometido", recalcó. Ante esta situación, la intención del Gobierno es exigir explicaciones a las comunidades en el próximo CPFF, a convocar aún a lo largo de este mes. "Se les preguntará por qué no han cumplido y se les requerirán nuevos compromisos", avanzó.
La vicepresidenta reconoció que en los últimos meses algunas de ellas -citó Baleares y Castilla-La Mancha- han hecho un esfuerzo considerable en esta materia pero lo necesario es que todas renueven su compromiso de ejecución al 100%. En el caso de las comunidades autónomas, el entramado societario y fundacional es mucho más amplio, alcanzando los 2.000 entes públicos. La deuda que las comunidades embalsan en sus empresas públicas alcanza los 15.000 millones de euros, gran parte de ella, generada en los últimos cuatro años, tras el fin de ciclo económico alcista. El Gobierno sospecha que muchas de estas entidades regionales están sobredimensionadas, y en algunos casos, no cumplen ya las funciones para las que fueron creadas como es el caso de entes ligados a la inversión de infraestructuras, ahora paralizadas por la falta de fondos europeos y el entorno de crisis económica generalizada.
El ICO, oportunidad
Más allá del estudio del sector público empresarial y del próximo plan de control tributario, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a otra serie de nuevos nombramientos del segundo escalafón. Entre ellos, el más interesante es el de Román Escolano, nuevo presidente del Instituto de Crédito Oficial. Tendrá el reto de renovar la institución en un entorno de restricción de liquidez en el sector privado. Escolano, procede del sector financiero. El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere aprovechar su experiencia como directivo del BBVA para dar frescura a la institución, sobre todo en su relación con las pymes.
Rajoy, con Sarkozy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistará el próximo lunes en el palacio de la Moncloa con Nicolas Sarkozy. La cita con el presidente francés es la primera que Rajoy efectúa con un jefe de Estado tras su investidura en el Congreso. Ambos abordarán la próxima cumbre europea de finales de mes. Francia es el primer socio comercial de España.
Solo el 8% de las cuentas públicas están auditadas
El grado de auditoría externa en el sector público español es bajo en general, apenas se aplica al 8%, aunque presenta resultados desiguales en función del ámbito territorial del que se trate. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REA), en el sector público estatal el nivel de auditoría es "muy razonable", con el 65% de las entidades fiscalizadas. Este porcentaje baja al 29% en el ámbito autonómico, pero es significativamente menor en la administración local, con apenas del 5% de las entidades fiscalizadas. Solo el 1,5% de los 8.155 ayuntamientos son auditados.El informe concluye "la urgente necesidad" de incrementar "de forma significativa" los controles. REA considera necesario auditorías anuales en los municipios de más de 5.000 habitantes, una medida que el PP llevaba en su programa electoral, y una vez por legislatura en los que haya un censo menor.
La Seguridad Social cierra 2011 con un ligero déficit
La Seguridad Social cerró el año 2011 con un déficit de 668 millones, lo que supone el 0,06% del PIB, frente a la previsión de un superávit del 0,4% del PIB. La vicepresidenta del Gobierno recordó la "preocupante" situación de la Tesorería de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes después de conocerse los datos del paro y afiliación a finales de año.Señaló que las estimaciones del Gobierno anterior eran que la Seguridad Social terminara con un superávit del 0,4%, pero que la "difícil" realidad pone de manifiesto que el sistema termina con un déficit del 0,06%. No obstante, Sáenz de Santamaría envió un mensaje de tranquilidad porque la Administración pagará las pensiones "sin problemas" y recordó que ya se han vivido momentos difíciles similares al actual, como en 1996, pero que entonces también el Ejecutivo pagó "puntualmente".También subrayó la necesidad de "tener presente" que el país necesita medidas extraordinarias porque cuando la Seguridad Social presenta una desviación así demuestra que la "realidad es más dura" de lo que el Gobierno pensaba.