La denuncia de USCA contra el presidente de Aena, desestimada

El juez dice que los hechos se investigan en otra causa

El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por varios controladores miembros de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) contra el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, y otros cargos del gestor aeroportuario por falta de competencia para instruir dicho sumario.

Según el fallo del 2 de enero, el juez entiende que los hechos en los que se fundamenta la querella criminal presentada por miembros del sindicato USCA contra el presidente de Aena y otros cinco directivos están siendo investigados en la causa penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid contra los controladores aéreos.

Por ello, rechaza admitir a trámite la demanda por falta de competencia y acuerda la inhibición de las diligencias al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, que de presentarse no suspenderá el curso del procedimiento.

La mitad de los controladores, sobre una plantilla de 2.400, presentaron a mediados de diciembre de 2010 una querella criminal contra Lema y otros cinco responsables del ente de entonces -la directora de navegación aérea, Carmen Librero; el director adjunto, Enrique González; el director de recursos humanos, Salvador Merino, y el director de operaciones de navegación aérea, Andrés Torrecilla-, por los sucesos que provocaron el cierre del espacio aéreo el 3 de diciembre de ese año.

Las querellas sobre una supuesta trama orquestada por el ente para provocar el cierre del espacio aéreo fueron presentadas a título personal en apoyo a los 440 imputados del colectivo por el plante de los controladores.

En el proceso que se sigue en la causa penal, Aena, que niega cualquier trama orquestada, reconoce que conocía con anterioridad el "profundo malestar" que existía entre los controladores por la modificación de los condiciones laborales por parte del anterior Gobierno socialista y las posibles "medidas de presión" que podía adoptar el colectivo.