Industria pasa el consumo de carbón pendiente de 2011 a 2012
El Ministerio de Industria publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para 2012, que establece una producción de carbón de 10,45 millones de toneladas.
Según se desprende del documento, en este ejercicio las centrales eléctricas quemarán cerca de 10,45 millones de toneladas de carbón autóctono entre la producción corriente, el mineral almacenado y el carbón previsto y no quemado en 2011, que generarán en total una energía de 24.721,08 gigavatios.
El anexo primero de la resolución, que no incluye la producción que se arrastra de 2011, detalla que las diez centrales españolas quemarán 7,5 millones de toneladas de producción corriente, es decir, del carbón producido en las empresas mineras en 2012, y cerca de otro millón de toneladas de carbón que se encuentran almacenadas.
En total, se adquiere el compromiso de dar salida a 8,4 millones de toneladas de carbón autóctono, casi dos millones de toneladas menos de las establecidas el pasado año (10,1 millones).
Sin embargo, el texto dice que una parte de la energía a generar en 2012 proviene de los objetivos no alcanzados este año y que cifra en 4.865,51 gigavatios y que, a pesar de no traducirse en toneladas métricas, supondría otros 2,05 millones de toneladas de carbón.
El sector minero exigía en las negociaciones que a los 10,1 millones de toneladas que recogía el real decreto de 2011 se añadiera para 2012 el carbón que no se había quemado en el ejercicio por distintos motivos y que suponía añadir 1,5 millones de toneladas al total anual, por lo que, al final, los 10,45 millones aprobados no responden a las expectativas del sector.
Recorte de ayudas
Una de las medidas de ajuste que mayor malestar ha levantado en las comarcas mineras ha sido la decisión de eliminar la financiación de infraestructuras en compensación por el fin de actividad minera, lo que afectará a 1.000 millones en inversiones desde 2006.