El Gobierno reformará el Código Penal para atajar la reincidencia
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que entre las prioridades legislativas del nuevo Gobierno está una reforma del Código Penal para "tratar de forma adecuada" la multirreincidencia, uno de los compromisos adquiridos por el PP durante la campaña electoral. El titular de Interior añadió que con esta reforma "los derechos y la libertad de los ciudadanos estarán mejor protegidos" porque habrá herramientas legislativas "más efectivas".
En su intervención durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, aseguró que es una de las "prioridades legislativas" del Ejecutivo, y que ha mantenido conversaciones sobre ello con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Durante la campaña de las elecciones generales y como cabeza de lista del PP por Barcelona, Fernández Díaz ya planteó una reforma del Código Penal para luchar contra la multirreincidencia, que considera uno de los principales problemas de inseguridad que viven los españoles.
Entonces, abogó también por reformar la Ley de Extranjería para que aquellos inmigrantes que "hayan hecho de la delincuencia su modo de vida" sean expulsados del país aunque se encuentren en España de forma legal.
Para dar apoyo jurídico a esta medida, el dirigente popular apostó por modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal "como hacen los países serios" para poder expulsar a los extranjeros afincados en España legalmente pero que no cumplan con la legalidad. Aprovechando la presencia de mandos policiales de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, Jorge Fernández Díaz animó a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas y locales a trabajar "todo lo posible para que la colaboración sea cada día más intensa y fructífera".
Extranjeros
El Ejecutivo quiere acometer una doble reforma tanto del Código Penal como de la Ley de Extranjería para que las personas que "hayan hecho de la delincuencia su modo de vida" sean expulsados aunque se encuentren en situación legal en España.