Condenados a un acuerdo laboral menor
Nadie suelta prenda. El proceso de negociación de un acuerdo en materia de empleo entre patronal y sindicatos está siendo uno de los más discretos de los últimos años, si no el que más. Este hermetismo está en parte provocado por la propia forma de gobernar del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y su equipo económico, que están dando muy pocas pistas sobre el contenido concreto que tendría un posible decreto laboral en ausencia de un pacto entre los agentes sociales.
Hasta la fecha, todo son buenas palabras y disposiciones al diálogo. "Hay que ser muy prudentes", defiende un negociador patronal, que no se atreve a descartar el acuerdo y ni siquiera lo califica de muy difícil. Fuentes sindicales son igualmente cautas y, a diferencia de otras negociaciones, prefieren no criticar las posturas empresariales ni resaltar los puntos de desencuentro.
De momento, los máximos líderes de CC OO, UGT y CEOE-Cepyme planean remangarse esta semana y ponerse al frente de las negociaciones para intentar consensuar alguna medida de peso que reforme el mercado de trabajo, más allá de los acuerdos puntuales que ya se han avanzado. Estos acuerdos que podrían calificarse de menores afectan a la solución extrajudicial de conflictos; al traslado de los festivos al lunes más cercano; la reorganización de las mutuas de accidentes laborales y mayor control del absentismo; y a la transparencia en la gestión de la formación de los trabajadores y parados.
En principio, el próximo sábado 7 de enero culminaría el plazo dado por Rajoy a los interlocutores sociales para cerrar un acuerdo. Y según fuentes de la negociación, lo más probable es que a partir de la próxima semana se hagan públicos distintos preacuerdos sobre las materias antes citadas.
En concreto, patronal y sindicatos han sugerido que ya hay una propuesta conjunta para trasladar al lunes los festivos del 1 de noviembre y del 15 de agosto, pero falta por decidir si el tercero será el del 6 o el 8 de noviembre. Asimismo, y tal y como les exige la última reforma laboral decretada por el Gobierno socialista, ambas partes ya están de acuerdo en ampliar hasta 2016 el actual Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC); incorporando una nueva gestión de los desacuerdos a la hora de renovar los convenios colectivos.
La incógnita es si las negociaciones de última hora permitirán incorporar alguna iniciativa en materia de contratación (costes laborales y simplificación de las modalidades contractuales) o de negociación colectiva (más flexibilidad interna en las empresas).
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que las partes podrían estar negociando algún tipo de abaratamiento de los costes de contratación de forma "excepcional" y temporal, como se ha planteado la última subida de impuestos. Concretamente se refieren a algún tipo de rebaja de cotizaciones para los dos próximos ejercicios. De momento, el Gobierno ya tiene el compromiso electoral de aprobar una rebaja del 100% de las cotizaciones por la contratación de jóvenes menores de 30 años durante el primer año de duración del contrato. Pero, además de este compromiso y en palabras de un negociador sindical, "se trataría de hacer algo parecido que lo que se hizo en febrero pasado" cuando se aprobaron fuertes rebajas de cotizaciones durante un año para la contratación a tiempo parcial de jóvenes y parados de larga duración.
En cualquier caso, estas rebajas deberán ser excepcionales y en respuesta a la grave crisis económica porque las arcas de la Seguridad Social, de donde sale el dinero para dicho abaratamiento de la contratación, no tienen ya ni un ápice de margen para costearlo.
En cuanto a los costes del despido que es la otra vía para abaratar la contratación, están ligados en la negociación a la simplificación de los modelos de contratos. En este sentido, fuentes sindicales aseguran que los empresarios no están poniendo sobre la mesa la creación de un contrato único indefinido ni con un despido más barato ni con una indemnización progresiva también de menor valor.
Otras fuentes apuntan que la falta de interés de la patronal por intentar arrancar un despido más barato en el pacto con los sindicatos radica en que confían en que el Gobierno lo incluya en la reforma laboral que aprueben unilateralmente en el primer trimestre para completar los acuerdos alcanzados por los agentes sociales.
Lo mismo ocurriría con las medidas para ampliar la flexibilidad interna de las empresas; los empresarios creen que una eventual decisión del Gobierno en esta materia será favorable a sus demandas. Si bien en este punto hay un sector patronal que advierte sobre el peligro de que se de todo el poder de decisión a los convenios de empresa y se eliminen los provinciales, que sirven para organizar la competencia de los sectores y evitar el dumping laboral.
A vueltas con los salarios
Asimismo, y en negociaciones paralelas a las de la reforma laboral, se mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de prorrogar el acuerdo de moderación salarial más allá de 2012. En este terreno los empresarios saben que tienen poco margen de maniobra para intentar incumplir los incrementos pactados para este año (entre el 1,5% y el 2,5%) pero al tiempo están presionados por sus bases para que consigan modificar lo acordado.
A cambio, de intentar cumplir con el acuerdo vigente exigen una congelación salarial en los próximos dos o tres ejercicios, algo a lo que los sindicatos no están dispuestos y menos tras la última subida del IRPF a las rentas del trabajo. "Este aumento de los impuestos se ha cargado la moderación salarial", indica un dirigente de UGT en clara referencia a la necesidad que tendrán los representantes de los trabajadores de intentar compensar el alza con subidas salariales.