El coste de mentir y el precio de decir la verdad

El equipo de Mariano Rajoy ha trabajado de lo lindo esta semana. Si saboreó los turrones de Navidad por el estreno del cargo, se le han atragantado las uvas de la Nochevieja. Ha encontrado debajo de las alfombras del Estado, de la Seguridad Social y de las regiones nada menos que 20.000 millones de euros de déficit fiscal adicional, de facturas sin pagar, y ha tenido que buscar una solución rápida para cubrirlo, que toca el núcleo duro del sistema impositivo: el IRPF, el impuesto talismán que siempre utilizó la derecha para estimular la demanda y la actividad económica.

Pero habrá más: la propia Vice advierte que esto es "el inicio del inicio", el inicio del ajuste al que la situación heredada les ha forzado. Si el déficit cierra 2011 en el 8%, en vez de en el 6% como juraba solemnemente Elena Salgado, el recorrido del ajuste es de nada menos que de 38.000 millones de euros, de los que ahora sólo se han clarificado 15.000: los 9.000 de no disponibilidad de crédito y los 6.200 de ingresos adicionales por las subidas tributarias.

Es tradicional, desgraciadamente tradicional, que cada vez que hay un cambio de Gobierno aparezcan deudas extrañas debajo de las alfombras que tienen que soportar los recién llegados, siendo responsabilidad política de los salientes. Ha ocurrido las tres últimas veces que se ha producido un cambio de guardia en España. Tiene justificación que una pequeña parte de desviación se aflore por el simple hecho de generar margen de maniobra para las primeras decisiones del recién llegado. Pero el resto es negligencia, una negligencia que paga políticamente el sucesor y económicamente todo el país.

Pero lo realmente grave es una desviación del tamaño de la aparecida ahora, que el Gobierno de Rajoy cifra en unos 20.000 millones de euros (un déficit del 8%), cuando los mercados financieros tienen a España en cuarentena y están con la escopeta preparada para disparar contra la deuda española. En este asunto no se puede mentir. Sale carísimo mentir. Les sale carísimo a los españoles que sus gobiernos mientan, y ahora tendrán que soportar un coste adicional en esfuerzo presupuestario por que alguien ha decidido ocultar 20.000 millones de euros de gasto para los que no existía cobertura financiera.

El Gobierno nuevo tiene que afrontar el precio de decir la verdad, tras comprometerse Rajoy a decir siempre la verdad. El precio es ahora dar la cara para reducir el gasto público en una cantidad descomunal, e incrementar los impuestos en una cantidad no menos descomunal para llegar a un déficit de solo el 4,4% del PIB en 2012.

Un Gobierno que siempre ha defendido la bajada de impuestos como mecanismo de estímulo a la economía, que siempre ha creído más en la iniciativa privada que en el gasto público, que habían totemizado el IRPF como impuesto que estimulaba el consumo y la inversión cuando bajaba, tiene que pagar el precio de subirlo. Como si fuere un Gobierno socialista. Y subirlo doblemente: un recargo general de dos años que puede llegar a siete puntos para toda la base imponible (para los más ricos, cierto es), y un recargo adicional en las cuota por rentas del capital de hasta seis puntos, cuando hace solo ocho años planteaba bajarlo al 14%. ¡Qué paradoja: del 14% al 27%!, y a manos de Montoro.

Es verdad que la naturaleza de las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno de Rajoy es estatal, pero cubre las necesidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (incluso se sube el IBI al 50% de los patrimonios inmobiliarios más elevados), pagando el precio también de las negligencias de años y años de gestión autonómica irresponsable, tanto en las administraciones socialistas como populares. De corresponsabilidad fiscal, nada: el Estado sube los impuestos, y nosotros los gastamos. Llama la atención que la derecha nacionalista catalana, que siempre pidió corresponsabilidad fiscal, la ejerza ahora son ajustes desconocidos para tapar los agujeros del Tripartido; pero seguramente tiene segunda intención: ese pacto fiscal que ya ha pedido a Rajoy.

Ya sabíamos que 2012 sería un año duro. Pero ahora lo será más. Estará sembrado de minas, porque la segunda parte del ajuste tiene que aflorar en el presupuesto, en marzo, pasadas las elecciones andaluzas. Y poco se puede esperar de incremento de ingresos por avance de la actividad. Si desde que se subió el IVA, el más regresivo de los impuestos, el consumo ha descendido de forma creciente, ahora, con el avance del IRPF, aunque es muy progresivo, contraerá más la demanda y el crecimiento.

Hasta cálculo político hay en la operación de Rajoy: dos años muy duros, como exigen los mercados, para dos años de recuperación después, siempre que todo salga bien. Que dentro de cuatro hay, otra vez, elecciones. El margen para estimular fiscalmente la economía y contrarrestar esta contracción es muy escaso, y sólo puede venir por flexibilidad económica en los mercados de bienes, servicios y factores. Más difícil que en 1996.