Fondos & Planes

Impulso a las pensiones privadas

Mariano Rajoy mejorará la tributación de las prestaciones de los planes y los sistemas complementarios

Operaciones derivadas
Operaciones derivadas

Con satisfacción y cautela ha sido recibida la noticia de Mariano Rajoy sobre las pensiones. A los jubilados les alegra que se mejore su poder adquisitivo en 2012; al sector, el que se incentiven los sistemas complementarios de previsión (planes de empleo e individuales), y al partícipe, cualquier alivio en la tributación.

"El discurso del nuevo presidente da por buena la reciente reforma de pensiones en línea con el Pacto de Toledo, que ha elevado la edad de jubilación de entre 65 a 67 años y que exige un mayor esfuerzo a los cotizantes para el cálculo de la pensión, pero que salva a determinados colectivos desfavorecidos como jóvenes o mujeres", afirma Carlos Bravo, secretario de CC OO.

El anuncio ha tranquilizado a los pensionistas que temían del PP una nueva congelación de la pensión, aunque ha dejado pendiente la pérdida del 2,9% de su renta. Insiste en acabar con las prejubilaciones enmascaradas como prestación de desempleo y deja abierta la puerta a algún incentivo en los sistemas complementarios, aunque sin concretar la fórmula ni el plazo.

"Los incentivos fiscales ayudan, pero hay que hacer fomentar el ahorro individual y empresarial", según Towers Wattson

"Lo que no puede ser es que por un lado se apriete las pensiones públicas y, por otro, no se incentiven las pensiones privadas", señala Luis Sáez de Jáuregui, director de vida, pensiones y servicios financieros de Axa España.

Juan Manuel Moral, socio de KPMG experto en sector financiero, cree que cuando el presidente Rajoy habla de mejorar la tributación de la prestación de los planes de pensiones lo más probable es que se refiera a la restitución de la reducción del 40% en la base imponible para el rescate del capital de un solo golpe, un beneficio que se suprimió en la reforma de 2006.

Los expertos consultados por CincoDías coinciden en que debería haber más estabilidad y menos bandazos en previsión social para favorecer el ahorro a largo plazo.

Rosa di Capua, socia de Mercer, considera congruentes las afirmaciones con la reciente reforma, así como el cálculo de la pensión pública en función de todos los años cotizados. "Es interesante que se acerque la edad de jubilación legal (67 años) a la real (62 años)", puntualiza. "En previsión social privada ha habido un ir y venir que considero un error. Soy partidaria de que se favorezca el cobro en forma de renta y se mejore la confianza en los sistemas privados", subraya.

Moral, experto de KPMG Abogados, cree que una mejora en el atractivo fiscal de los planes de pensiones sería bien recibida por los españoles en un momento complicado para el ahorro. "Las aportaciones a los planes de pensiones se han reducido mucho en los últimos años debido en parte a la crisis, pero también a una fiscalidad poco ventajosa".

Son los únicos productos financieros cuya rentabilidad no tributa a tipos de entre el 19% y 21%, como en el caso de los bonos y seguros de vida, sino a tipos de entre el 24% y 45%, recibiendo un tratamiento similar al de los rendimientos de trabajo. Esta es una discriminación contra la que el sector lleva años luchando. Según Moral, "la pretensión del Gobierno sería compensar de alguna forma esta situación, restableciendo la reducción de la base imponible para la parte que tributa como renta de trabajo".

Luis Sáez de Jáuregui, director de vida, pensiones y servicios financieros de Axa España, valora positivamente esta medida, sin embargo, advierte que el estímulo debe ser general y no limitarse a la reducción del 40% para el cobro del capital, que si finalmente se restablece supondrá únicamente una vuelta a la situación de 2006.

"Esta reducción es un incentivo que nunca debió haberse perdido. Pero el campo de actuación en materia fiscal es mucho más amplio", sostiene. Así, por ejemplo, señala que habría que fomentar las rentas vitalicias y contingencias como la viudedad, invalidez absoluta y permanente, así como la dependencia y gran dependencia. "Desde un punto de vista humano, es incoherente que la renta de una persona con invalidez tribute como si se tratara de renta de trabajo", explica.

En cuanto al impacto que esta medida tendría en términos de incentivo al ahorro, José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de inspectores de Hacienda, opina que este sería limitado porque las personas que invierten en planes de pensiones son aquellas que tienen ingresos elevados, que constituyen una porción muy pequeña de la población. "El 80% de los españoles tiene un sueldo inferior a los 30.000 euros y si, además, tiene que pagar una hipoteca, el margen que le queda para invertir en un plan de pensiones es muy pequeño", refiere.

Por otra parte, señala que si bien la rentabilidad de los planes no es demasiado alta, la que se obtiene por ellos en términos fiscales es "muy suculenta" en el caso de los partícipes de mayores ingresos. En ese sentido, considera que la mejora de la tributación debe ser correlativa con los ingresos de los partícipes, de manera que no termine afectando al fisco.

"Si la ventaja para las aportaciones y el rescate es excesiva, el perjudicado será el Tesoro", afirma. En ese sentido, propone encontrar una fórmula intermedia. Por ejemplo, que la reducción de la base imponible del capital rescatado se compense con un tipo impositivo más alto, aunque manteniendo la escala progresiva.

Carlos Bravo, miembro del Pacto de Toledo, está en desacuerdo con "dedicar recursos que incentiven el cobro en forma de capital, que no construyen un sistema complementario de previsión sino que favorecen el que se gaste en renovar el coche o irse de vacaciones". "No parece justo que Hacienda deje de ingresar 1.000 o incluso 1.700 millones de euros por este concepto", resalta. Desde CC OO sí estarían dispuestos a hablar de mejorar la prestación en forma de renta.

En lo que concierne a las prejubilaciones, en los últimos años muchas grandes empresas han estado ofreciendo bajas incentivadas a sus trabajadores más antiguos para financiar con fondos públicos parte de sus ajustes de plantilla. Es una indemnización por despido fraccionada. Rajoy se habría propuesto cortar con esta práctica, de manera que las compañías asuman el 100% del coste de las jubilaciones. Sáez de Jáuregui considera que la medida impedirá que un dinero que debe destinarse a la jubilación del trabajador se utilice para ejecutar las políticas laborales de las empresas, lo que estaba generando en la Seguridad Social "una deuda en la sombra importante". "La medida, que al igual que los incentivos fiscales a los planes privados, también estaba contemplada en el Pacto de Toledo de 2003, contribuirá a racionalizar la relación entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social", destaca.

"Todas las decisiones que fomenten el ahorro de los ciudadanos a largo plazo son buenas. Si se consiguen mejoras en el tratamiento fiscal (que los rendimientos de los planes de pensiones tributen como rendimiento del capital y no del trabajo, eliminar los límites de las aportaciones individuales y planes de empleo...) se está apoyando a los sistemas de previsión complementaria", concluye José Antonio Iglesias, director de marketing del grupo VidaCaixa.

Fiscalidad ficción. Mejorar el rescate en forma de capital y el de los rendimientos

¿Cómo va a concretar Rajoy su anuncio de mejorar el cobro de las prestaciones de los planes e incentivar los sistemas complementarios? Las posibilidades son variadas.

La primera que viene a la mente de todos es recuperar la exención fiscal del 40% cuando al partícipe le llega la hora de jubilarse y percibe de golpe sus ahorros. Esta medida nace porque los planes de pensiones, pese a ser un vehículo de ahorro, tributan como rendimientos del trabajo. Esto supone que quien rescate su plan de una sola vez pagará un tipo mayor que quien opte por una pensión periódica.

Este aliciente fue suprimido en 2007 con el objetivo de favorecer el rescate gradual en forma de renta y evitar malgastar la hucha en viajes o coches de lujo. Sin embargo, de esa medida se siguen beneficiando aquellas personas que hubieran abierto un plan de pensiones hasta 2006.

Otra de las medidas, que podría ponerse en marcha es la de mejorar la tributación de los rendimientos. "Facilitar que si el partícipe cuenta con 80.000 euros de derechos consolidados, de los que 30.000 son rendimientos generados por sus aportaciones, estos tributen al tipo del ahorro", explica Luis Miguel Bravo, socio del área fiscal del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

Hay más opciones, como incentivar fiscalmente a las empresas para que abran más planes de empleo a sus trabajadores.

Las cifras

59,2% de las prestaciones de los planes de pensiones fue pagado en forma de capital en 2010.

71.176 personas rescataron su plan de pensiones el año pasado por desempleo de larga duración.

10,8 millones de partícipes habían suscrito en 2010 un plan de pensión individual o de empleo .