Todas las ayudas y subsidios públicos, sometidos a revisión
Los expertos piden que se ligue su cobro al cumplimiento de unos objetivos mínimos
En España se ha pasado la hora del tijeretazo y ha llegado la de racionalizar el gasto público para acabar con el despilfarro". Con esta frase, Albert Marcet, profesor de la London School of Economics y director de la Cátedra Axa-Barcelona GSE de Riesgos Macroeconómicos, subrayó ayer la necesidad de que el Ejecutivo inicie con urgencia la revisión de todos los gastos en las Administraciones como vía principal para reducir el déficit público. El presidente electo, Mariano Rajoy, ha presentado un ajuste inicial, sujeto al cumplimiento de los objetivos de déficit de este año y el que viene, de 16.500 millones. "Ese ajuste es perfectamente asumible. Solo con la supresión de las diputaciones se obtendría, según los cálculos de algunos expertos, cerca de 22.000 millones", subrayó en un encuentro con la prensa. A este recorte se podría unir, por ejemplo, la supresión de algunas carreras universitarias o la eliminación de la recogida diaria de basuras. "Es una opción de gasto, elegir entre que se recoja la basura cada día o que haya más escuelas o una mejor atención en los hospitales", recalcó.
Sin embargo, Marcet consideró que los mayores ahorros se podrían lograr a través de la revisión de todas las ayudas o subsidios que se conceden con cargo a los Presupuestos. "Todas deben estar condicionadas, ninguna se puede conceder de forma generosa sin ninguna contraprestación", remarcó. Y entre ellas destacó la prestación por desempleo, cuyo coste se elevara este año a 30.000 millones de euros (un 3% del PIB) y cuyos recortes han sido solicitados, en especial por parte de la clase empresarial.
Recortes en el importe y la duración
El profesor Marcet cree que el seguro de paro o el sueldo de los funcionarios deberían bajar si la deuda crece demasiado
CEOE ha pedido con insistencia que se reduzca el importe y la duración del cobro de esa prestación (el máximo son 24 meses), mientras que el presidente de las Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, exigió que se le retirará a aquellos parados que rechazaran dos o tres ofertas de trabajo. Marcet fue más allá y propuso implantar el modelo desarrollado por Suecia durante su última crisis fiscal. "Durante los dos primeros meses de cobro no existe ninguna obligación. Desde esa fecha, el perceptor está obligado a cumplir un itinerario de formación durante al menos cuatro horas al día. Si no lo cumple, se le retira la ayuda", resaltó.
El director de la cátedra también planteó seguir ese esquema en el caso de las ayudas para aquellos desempleados en riesgo de exclusión social. "Así se hace en Alemania. Toda persona que reciba este subsidio debe justificar que está en esa situación. No pueden darse casos de personas que la perciban y que tengan, por ejemplo, una piscina en casa. Además, el cobro de las mismas debe estar condicionado también a que los perceptores escolaricen a sus hijos", apuntó Marcet. También se refirió al plan de fomento del empleo agrario (PER) en Andalucía, para el que solicitó una revisión para conocer si realmente cumple los objetivos para el que fue creado en 1986.
El desempleo junto al salario de los funcionarios son dos de las partidas que más pesan en el gasto público. El volumen de ambos, a juicio del director de la cátedra Axa, podría quedar vinculado a la coyuntura económica. "De esta manera, el mayor o menor crecimiento de las ayudas dependería en exclusiva de la evolución de indicadores como la deuda. Si el nivel de deuda es muy elevado sería necesario revisar a la baja la prestación por desempleo o los salarios de los funcionarios, todo lo contrario que se ha hecho durante el último gobierno socialista". Asimismo propuso la creación de un fondo de reserva para el desempleo, al estilo del que existe en la Seguridad Social, que debería ser creado por un Consejo de Política Fiscal independientes, compuesto solo por técnicos.