El discurso energético siembra la zozobra por falta de soluciones
También el sector energético necesita una reforma estructural. En su discurso de investidura, Mariano Rajoy dijo que uno de los problemas más graves que hereda es el déficit de tarifa, para el que no concretó soluciones. Dijo que todas las tecnologías caben, que no subirá la tarifa y reducirá los costes del sistema.
Para "nuestro sistema energético" -según la página escasa que Mariano Rajoy dedicó en su discurso a un área que pese a su relevancia no figuraba en su programa electoral- es "imprescindible otra reforma estructural". Pero, más allá de la pura retórica, Rajoy no precisó cómo va a solucionar el problema del déficit de la tarifa eléctrica, que considera "uno de los más complejos que hereda el próximo Gobierno" y que acumula más de 22.000 millones. Es tan grave, que "la solución no puede ser simplista", dijo.
Además de circunscribir la política energética casi únicamente a la producción y el suministro de electricidad, una de las conclusiones del discurso de Rajoy es que la energía en España es cara. Por un lado, "es un factor clave en la competitividad de las empresas españolas", al que, según su opinión, "no se ha prestado atención al hecho de que es determina parte de los costes del resto de los sectores". Por otro, según sus cálculos de origen desconocido, las tarifas domésticas españolas son las terceras más caras de Europa, y las quintas en el caso de los consumidores industriales.
Un comentario sorprendente, ya que las tarifas industriales desaparecieron hace tiempo y solo se mantiene la de último recurso (TUR) para clientes con una potencia inferior a 10 kW (el resto está en el mercado libre). En cualquier caso, Rajoy no quiere aplicar subidas que "recaigan íntegramente" sobre los consumidores y castigue la competitiva española.
Pero ¿cómo va a solucionar el nuevo Gobierno el grave problema del déficit de tarifa, generado por subidas insuficientes de la luz, si considera que la factura ya es elevada?
En este punto, Rajoy vuelve a su retórica inicial, a la que añade confusión. Por un lado, reconoce que es necesario "reducir los costes medios del sistema", pero no dice cuáles y, por otro, apuesta por todas las tecnologías disponibles, "sin excepciones" y "sin demagogia" (en alusión, quizá, a las nucleares) en un momento en que la sobrecapacidad mantiene ocioso una buena parte del parque, y en que las renovables tienen derechos de cobro de primas elevadas.
Si todas las tecnologías caben, el esfuerzo político será ingente: mayores pagos por capacidad para las ociosas, que harán encarecer la tarifa (gas y carbón, esencialmente); tasas para las más rentables (hidráulica y nuclear) o recortes de las primas al régimen especial. ¿Será capaz Rajoy de enfrentarse a los lobbies eléctricos con intereses dispares y plantear, tal como recomendó la CNE, una quita del déficit de tarifa?
Como guinda de un discurso contradictorio (arreglar el déficit de tarifa implica, si no hay una quita, fuertes subidas de la luz), Mariano Rajoy concluye que el objetivo último es la liberalización del sector, "algo que no será posible acometer" si no se soluciona la sangría de la deuda eléctrica. Y ningún comentario sobre las renovables y apenas ninguno a su posible política medioambiental.
El presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a Rajoy, que, en vez de "importar" de Alemania los llamados minijobs importe la política de cierre de nucleares de Angela Merkel. Y ante la posibilidad de que el diputado Cristóbal Montoro vaya a ser ministro de Industria, dijo: "Nada me gustaría más, porque después de anunciar que va a subir las tarifas, las va a pasar canutas".
Nucleares
-Entre líneas, Mariano Rajoy dio a entender ayer en su discurso de investidura su apoyo a la energía nuclear, al asegurar que, en el área energética, tomaría decisiones "sin demagogia".-El comentario se prestó, precisamente, a la demagogia, en tanto no aclare si se refiere a Garoña, cuyo cierre pretende paralizar, o al resto del parque atómico. En este caso, también el PSOE decidió mantenerlas, hasta el fin de su vida útil (a partir de los 20 años). Una decisión que no corresponderá a Rajoy.