Mala gestión: cuándo depurar responsabilidades
Estamos ante época de cambios y reformas, a los que el Derecho y, en concreto, el Derecho societario no es inmune. Mientras hemos vivido en una sociedad en la que primaba el desarrollo social y económico, la responsabilidad de sus gestores ha permanecido en un segundo plano. Sin embargo, la sociedad del siglo XXI ha evolucionado y ahora, a los gestores, aunque no se les pueda exigir acertar con sus iniciativas, se les debe someter con rigor al control de sus decisiones y a la rendición de cuentas. ¿Quién es el culpable de la crisis profunda que atravesamos? ¿Por qué los administradores -públicos o privados- apenas responden de sus malas prácticas? Estas son preguntas que todos nos hacemos.
A este respecto, la legislación de sociedades insiste en el marco básico de los deberes de los administradores, reforzándolo con la prohibición de aprovechar oportunidades en beneficio propio. Asimismo se pone el cerco a conductas como el engaño, la mentira, el falseo y la traición al interés social. No cabe duda de que, hoy en día, la transparencia jurídica y la ética empresarial adquieren más importancia que nunca.
Las acciones de responsabilidad social contra los administradores, por tanto, poseen gran relevancia en este actual contexto de poner freno a los excesos de los gestores. Y su importancia es creciente en las preocupaciones del regulador, muy particularmente en el ámbito transnacional, como demuestran los estudios que en este ámbito se están promoviendo por la Comisión Europea y Uncitral.
En el escenario empresarial español actual son varios los casos de demandas que evidencian que estas acciones de responsabilidad cada vez están adquiriendo más peso específico en el Derecho societario español. En marzo de 2011, Martinsa-Fadesa interpuso una demanda contra los antiguos gestores de Fadesa en materia de responsabilidad de administradores en la que se reclaman 1.576 millones de euros. La importancia de esta demanda se acrecienta si tenemos en cuenta que Martinsa-Fadesa representa el mayor concurso de acreedores de la historia de España. El gran valor como precedente podría suponer un punto de inflexión en la forma de hacer negocios en España.
Continuando con el sector inmobiliario, en abril de 2010 Colonial presentó demanda contra el expresidente y ex consejero delegado, Luis Portillo y Mariano de Miguel, por la compra de Riofisa. Si bien en este caso la cantidad reclamada en concepto de indemnización por los daños ocasionados en la compra de Riofisa por operaciones de capital y por el manejo de autocartera no ascienden al importe reclamado por Martinsa-Fadesa, este es otro litigio más en curso en un mismo sector en el que la transparencia está llamada a ser el máximo principio a tener en cuenta por los gestores.
Además de este caso, hay otros en el panorama español dignos de mención, como es la demanda de acción de responsabilidad interpuesta por el Barça este pasado verano contra la junta directiva de Joan Laporta por un importe de 47,6 millones de euros, cantidad que responde a los resultados económicos negativos acumulados durante el periodo de gestión del expresidente blaugrana.
El litigio de los accionistas de La Seda es un ejemplo que también merece ser destacado. Estos accionistas pidieron responsabilidad a los exgestores, a través de una acción contra su expresidente Rafael Español, quien cesó como tal por operaciones irregulares que obligaron a la compañía a provisionar 84 millones de euros por las grandes pérdidas acumuladas. En mayo de 2011, la fiscalía se querellaba contra Español y otros exdirectivos y empresarios, por cuatro operaciones en las que se apreciaba delito de administración desleal y delito fiscal, entre otros.
No podemos olvidarnos, en fin, de las irregularidades en las cajas de ahorros. Algunas de ellas han sido intervenidas por el Banco de España o este organismo ha tomado el control y en algunos casos ha habido inyección de capital. Sin duda, este tipo de situaciones está mermando la credibilidad en el sistema financiero. Comenzamos una nueva legislatura llena de cambios para poder salir de la grave crisis económica en la que España está sumida. La buena reputación de una empresa, junto con un adecuado gobierno corporativo, facilitará unos resultados sostenibles y no basados en los "espejismos" del pelotazo. Esta es la única posibilidad para atraer nuevos capitales y contraer créditos más baratos, en un momento en el que precisamente esto es lo que España más necesita.
Carlos Llorente Gómez de Segura. Abogado y profesor de universidad