El Gobierno autoriza el traspaso de la licencia de La Sexta a Antena 3
El último consejo de ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero autorizó el viernes la transmisión de licencia audiovisual de La Sexta a Antena 3, solo dos días después de que la cadena de Planeta anunciara la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Ejecutivo entiende que la operación de fusión no supone un riesgo para el pluralismo en el mercado audiovisual, que queda garantizado.
Según el Gobierno, la solicitud de transmisión de la licencia que presentó Antena 3 reúne todos los requisitos exigidos por la Ley Audiovisual, ya que la absorción de La Sexta no implica que, con los datos actuales, el nuevo grupo supere el límite de audiencia establecido en la norma, que es del 27% del total. Con los datos del mes de noviembre, el share de las dos cadenas ronda el 25%.
Asimismo, la transacción tampoco supone que el nuevo grupo supere el límite de múltiplex digitales contemplado en la Ley, ya que la nueva Antena 3 solo tendrá en propiedad ocho canales (el equivalente a dos múltiplex).
Tras el visto bueno del Ejecutivo, la transmisión tiene que ser formalizada por las dos empresas en escritura pública y en un plazo máximo de tres meses desde la notificación del acuerdo de autorización. Una vez formalizada, deberá ser comunicada a la autoridad audiovisual competente.
Además, la operación deberá recibir la autorización de la Comisión Nacional de la Competencia. Antena 3 prevé que pueda contar con todos los permisos para mediados de 2012.
Analistas y algunos actores del sector expresaron el viernes su sorpresa por la celeridad con la que el Gobierno ha autorizado la solicitud de Antena 3. Según sus estimaciones, lo normal es que el Ejecutivo tarde, al menos, un par de semanas (10 días hábiles) desde que recibe una petición de este tipo hasta que la resuelve, ya que exige que el ministerio de turno (Industria, en este caso) estudie el asunto, elabore un informe y lo eleve al Consejo de Ministros.
Desde Antena 3, sin embargo, subrayaron que el proceso es un mero trámite, "un paso administrativo", en el que se han cumplido todos los requisitos exigibles.