Así será el reparto de sacrificios de Rajoy

Una frase que Mariano Rajoy ha hecho correr desde su primera aparición en el balcón de Génova del 20 de noviembre es que la exigencia de sacrificios a la sociedad para solventar la crisis será equilibrada. Por tanto, en términos fiscales el reparto dependerá de cuánta sea la distancia a recorrer para llegar al 4,4% de déficit en 2012; en términos de reforma financiera, equilibará el coste entre la propia banca y los contribuyentes; y en términos de reformas, perderán derechos los trabajadores fijos para que los ganen los desempleados, sobre todo los jóvenes, y buscará una rebaja general del coste laboral de producción (salarios, sobre todo).

Está extendida la opinión de que Mariano Rajoy no ha anunciado aún nada de lo que piensa hacer cuando sea presidente del Gobierno. Pero sí ha extendido mensajes suficientes como para tener una idea de lo que pretende lograr: reajustar el dañado sistema financiero, cuadrar las cuentas del Estado y el resto de administraciones públicas y reformar cuantos mercados sean necesarios, el laboral sobre todo, para que entre las tres acciones recompongan la confianza de los agentes económicos, así como niveles aceptables de demanda, crecimiento económico y generación de empleo.

El lunes comenzará a desvelar las dudas sobre las decisiones concretas en el discurso de inverstidura como presidente. Y la promesa de equilibrio en el reparto de los sacrificios piensa llevarla a rajatabla el nuevo presidente. Por tanto, en materia fiscal, habrá el mismo esfuerzo por parte de los ingresos que de los gastos, aunque determinar en qué cantidades deberá esperar hasta conocer los datos definitivos de desempeño presupuestario de este año. Habrá nuevos recortes de gasto estructural, que podrían afectar a los sueldos de los funcionarios (otra vez) y a todos aquellos que estén ahora anclados en funciones duplicadas entre administraciones.

Podría ponerse en marcha un programa de prejubilación de funcionarios para reducir de forma acelerada y estructural la plantilla de la función pública, que sería menos doloroso que el ajuste de empleo vía despidos de eventuales en las administraciones. Los pensionistas tendrán una subida de sus cuantías, pero podría limitarse a un 1% y podría suspenderse su actualización ulterior en función de la inflación, siempre y cuando fuese necesario para cuadrar el objetivo de déficit.

En cuanto a los ingresos, hay varias apuestas cruzadas acerca de cuál será la primera subida. Parece inevitable el alza de todos los impuestos especiales, tanto los que se aplican sobre hidrocarburos como los que se aplican al alcohol o el tabaco, y la gran mayoría de los analistas dan también por hecho que el IVA subirá en todos sus tramos y de forma abultada, y seguramente más en los más altos. No se descarta también un trasvase muy importante de productos y servicios sometidos al tipo reducido (8%) hacia el tipo general (18%).

Pero dado el carácter incierto en la recaudación por IVA, fuentes del PP admiten también la posibilidad de elevar los tipos de todos los tramos del IRPF, y con más intensidad a medida que se avanza en la renta. Con esta subida no se dañaría la inflación y el riesgo del fraude fiscal que puede llevar implícito el IVA, desaparece. Desde luego IRPF es el impuesto que más rápidamente puede recomponer los ingresos del Estado, dado que se aplica sobre la remuneración de los asalariados, 15 millones largos de personas, y sus efectos en la caja pública son inmediatos por la vía de las retenciones aplicadas cada mes. Se da por hecho también que se mantendrá el Impuesto sobre el Patrimono, aunque se mejoraría la fiscalidad sobre el ahorro.

En materia de reajuste del sistema bancario, y para repartir los sacrificios, podría haber una especie de banco malo solo para los activos muy malos, quizás el suelo, y con valoración muy baja, para no cargar en exceso el coste para el Estado, los contribuyentes. Y se echaría mano del resto del sistema, de las entidades saneadas, para que, mediante procesos de fusiones vastas, costeasen parte del esfuerzo, aunque finalmente podrían llevarlo sobre la clientela.

Y en cuanto a las reformas, la laboral pivotaría sobre cambios en la contratación que facilitasen el empleo de los jóvenes, aunque ello supusiese una limitación de una serie de derechos que a todas luces no se garantízan hoy en ningún país de la Unión Europea.