El Gobierno en funciones admite un cierre de año difícil

La crisis aúpa de nuevo a 30.000 millones el gasto por desempleo

El agravamiento de la crisis y la mayor destrucción de empleo han provocado que el gasto público por prestaciones de desempleo vuelva a repuntar y vaya a alcanzar los 30.000 millones, según los últimos cálculos del Gobierno en funciones para cierre del año.

Hace 18 meses, cuando se estaban elaborando los Presupuestos del Estado para 2011, los técnicos de los Ministerios de Trabajo y de Economía y Hacienda eran razonablemente optimistas, respecto a la evolución del gasto en protección por desempleo. En un entorno que se presuponía de constante recuperación económica, era de esperar una menor factura de esta partida presupuestaria respecto a la etapa más dura de la crisis (2009), en donde se había superado ampliamente los 34.000 millones de euros anuales. La evolución en los primeros meses de 2011 albergó cierta esperanza de que esto se fuera a producir así. De hecho, el gasto mensual en prestaciones pasó de los 2.691 millones de enero a 2.363 millones en junio, debido tanto al freno en la destrucción de empleo como a que, lamentablemente, a una parte creciente de beneficiarios se les empezaba a agotar su derecho a prestación. Este "ahorro" de 300 millones al mes era muy importante para las arcas del Estado por cuanto, de haberse prolongado un año habría dado un colchón de casi 4.000 millones a las cuentas de la administración central, vital en momentos en los que flanquean los recursos tributarios y el superávit de la Seguridad Social se tambalea.

Este optimismo, sin embargo se ha venido abajo en los últimos meses. El jarro de agua fría que han supuesto los datos de septiembre, octubre y noviembre tanto de afiliación a la Seguridad Social como de paro registrado en los servicios públicos de empleo, vislumbra un panorama sombrío que ya está empezando a afectar a la partida de prestaciones. Aunque Trabajo solo tiene computados datos acumulados de enero a octubre (25.000 millones), los técnicos de la administración ya han elaborado un informe de estimaciones para fin de año en donde admiten que el gasto volverá a alcanzar los 30.000 millones en términos acumulados a 31 de diciembre.

Inversión, sin hueco

Para hacerse una idea de la sangría que ello supone basta con recordar que el Estado dedica ahora tres veces más al gasto por desempleo que a inversiones productivas como las infraestructuras. Es más, las partidas para actuaciones de "carácter económico" (excluido el gasto comprometido) apenas alcanzan los 32.000 millones anuales, similar a la factura por desempleo.

En el último mes del que se dispone de datos desagregados (octubre), el gasto en prestaciones fue de 2.461 millones, de los que la mitad va a prestaciones contributivas y el resto a subsidios y a financiar la renta activa de inserción (los 420 euros que se suministra a los que han agotado la prestación ordinaria, a cambio de formación). La prestación media contributiva apenas llega a 858 euros al mes.

El aumento de beneficiarios, un 2,6% en octubre, hasta los 2,8 millones, muestra la nueva fase destrucción del empleo en que se encuentra España, que no afecta por igual a la población activa. Así, la mayor parte de los nuevos perceptores son hombres. Por edades, los jóvenes siguen siendo los más débiles. Con todo, la peor parte se lo llevan los 1,7 millones de parados que no tienen cobertura. De hecho, la tasa de cobertura, según la mide Trabajo, cayó en octubre al 67,7% ocho puntos menos que el 75,3% de un año antes. El drama continúa.

La reforma del PP que viene

El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene claro que la mejor forma de reducir el gasto público por desempleo es apoyar a emprendedores y pymes para que generen el mayor número de puestos de trabajo posible. Mientras esto se produce, el PP tiene intención también de efectuar algunos cambios en el seguro de paro. Fuentes del PP indican que intentarán estimular que el demandante de empleo "sea lo más activo posible", sobre todo en los primeros meses en que recibe la prestación.

Sin embargo, esas mismas fuentes se quedan allí y no añaden más detalles cuando se les pregunta si eso significa que el próximo Gobierno reducirá prestaciones y penalizará a aquellos trabajadores en paro que rechacen más de una oferta de trabajo, como han solicitado algunos think tank ligados al PP. El programa electoral de los populares no trata tal posibilidad. Solo se refiere, con cierta ambigüedad a la necesidad de "reducir los periodos de transición en el desempleo a través de la colaboración público-privada en los servicios globales" de empleo. Dicho de otra forma, potenciar las recién nacidas empresas privadas de recolocación de parados de los servicios públicos. Sería a través de una "gestión integral" de los servicios de intermediación, selección de personal y formación de los trabajadores.

Sobrecualificación

Una de las ironías del mercado laboral español es que cuenta con la tasa de paro más alta de Europa (22%) y, a la vez, con la generación de trabajadores más preparada y formada de la historia, a la que, lamentablemente, no puede dar salida. Así lo indican todas las estadísticas. La que hizo pública ayer Eurostat va en esta línea. La oficina estadística comunitaria destaca cómo el 31% de los trabajadores españoles están sobrecualificados, es decir, tienen un nivel de formación superior al que exige su empleo. Es, incluso, la tasa más alta de toda la Unión Europea y supera con holgura la media comunitaria, que se encuentra en el 19%.