Análisis

¿Y si quiebra alguien más? Esa ronda ya la pagará el Estado

Dice el refrán que poco sentido tiene preocuparse por cruzar un puente hasta que se llega a él y el Gobierno (los Gobiernos mancomunados de este heterodoxo traspaso de poderes que está viviendo España) ha decidido que nada mejor para la quiebra de la CAM que apuntarse a la sabiduría popular.

El puente que reguladores y políticos tenían que cruzar era uno: solucionar el caos creado por la caída de la caja alicantina. Todo ello aderezado con una subasta a la que solo se presentó Sabadell y una negociación más propia de un bazar que de un banco central para saldar un acuerdo.

Al final, esa banca que salió corriendo cuando vio la hemorragia interna de CAM (nadie se atreve ahora a reprender a Cajastur por dejarla fuera de su fusión) es la que paga la ronda. Por una vez, el ciudadano de a pie, el contribuyente, queda al margen a la hora de socializar las pérdidas, como sistemáticamente sucede con los beneficios.

¿O no es así? El Gobierno ha diseñado un plan milimétrico para que la quiebra de la CAM no afecte al déficit. Primero se decidió fusionar los tres fondos de garantía de depósitos, de banca, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, para elevar el patrimonio común y hacerle responder de las pérdidas del proceso de reestructuración financiera. El 15 de octubre nació el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FDG), con un patrimonio de 6.593 millones. Pero no era suficiente, así que hace menos de una semana el Gobierno soliviantó a la banca al duplicar la aportación obligatoria que tendrían que hacer las entidades financieras a esta caja de resistencia.

Ahora ya se sabe para qué. La venta de la CAM se fulmina casi todo el patrimonio acumulado. La inyección de 5.249 millones deja en 1.344 millones el remanente, pero es que además el FDG se ha comprometido a hacer frente al 80% de las pérdidas que puedan aflorar por los multimillonarios activos tóxicos de CAM en los próximos diez años, lo que convierte en vital la aportación extraordinaria requerida a los bancos. Con ella, el próximo febrero ya habría casi 3.000 millones en la cartera, pero es que Banco de Valencia y Unnim también están en la foto.

Eso quiere decir que, al margen de que la banca pueda acabar repercutiendo a los clientes sus mayores costes en forma de comisiones, más intereses a los préstamos o menos al ahorro, la irrupción del FDG y de los bancos como salvadores del sistema es flor de un día. Simplemente, no queda dinero para mucho más. Si viene otra quiebra y con los deberes que el FDG tiene ya sobre la mesa, todo apunta a que será el fondo de rescate nacional, el FROB, el que asuma el precio, pase lo que pase con el déficit. Parece que el dinero de los bancos no da para todo.