Contaminación

El Supremo anula la reclamación de Andalucía a Boliden por el vertido

La Junta pedía 89,8 millones por el desastre ecológico de Aznalcóllar

El Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que reclamó 89,8 millones de euros a la multinacional sueca Boliden Apirsa por los gastos derivados de la limpieza del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar en abril de 1998.

La sala de lo Contencioso del Supremo confirma en todos sus extremos la decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló un acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz de 2004, que reclamó a Boliden esos 89,8 millones.

Ambos tribunales entienden que la Administración carecía en este caso de competencias de "autotutela" y que la Ley de Minas, en la que se basó la Junta para reclamar a Boliden, no le autorizaba a pedir el reintegro de los daños sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales, pues "no existe precepto legal alguno" que le habilite para exigir "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".

La rotura de la balsa de residuos de la mina vertió millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a los aledaños del parque natural de Doñana, en una de las mayores catástrofes ambientales de España que tampoco ha encontrado responsables en la vía penal.

En el año 2003 la Sección Sexta de la Audiencia había cerrado la vía civil para que la Junta reclamase a Boliden y había aconsejado recurrir a la vía contencioso-administrativa, por lo que ahora el Supremo reconoce que podríamos estar ante un caso de "peregrinaje judicial", pero añade que "no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción contencioso-administrativa incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad".

Cuando la Sala de Conflictos decida a qué jurisdicción deriva el asunto, la Administración podrá ejercitar acciones frente a las entidades mercantiles y, de haberse producido dilaciones indebidas, "el perjudicado tiene a su favor las acciones previstas por el ordenamiento jurídico", añade la sentencia. El tribunal impone a la Administración autonómica el pago a Boliden de las costas procesales, que ascienden a 5.000 euros.

La compañía sueca "se va de rositas"

Ecologistas en Acción ha criticado la sentencia del Supremo. A su juicio, es "una barbaridad" que el Alto Tribunal permita que la multinacional no solo pague, "sino que cobre por contaminar". En declaraciones a Europa Press, un portavoz de la plataforma ecologista, Juan Romero, ha anunciado que en la próxima sesión del Consejo de Participación de Doñana, prevista para el próximo 15 de diciembre, la organización solicitará "condenar" dicha sentencia, que, "aunque acatan, no comparten en absoluto".

Romero ha apuntado la posibilidad de que el fallo vulnere derechos fundamentales. "No puede ser que se vulnere el principio de que quien contamina debe pagar y reparar el daño", ha reiterado Romero antes de lamentar que, con esta sentencia, la compañía Boliden "se va de rositas".