Rajoy deja en el aire 2.400 millones para elevar la liquidez de las comunidades en 2012
El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esperará a conocer el estado de las cuentas públicas antes de decidir si amplía de cinco a diez años el plazo para que las comunidades devuelvan al Estado los anticipos de más que recibieron en 2008 y 2009. En caso de que se aprobara esta medida, que Rajoy reclamó cuando estaba en la oposición, las comunidades se ahorrarían 2.400 millones en 2012.
Las comunidades autónomas recibieron ayer por la mañana una muy buena noticia cuando el coordinador de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, aseguró en TVE que Rajoy tenía previsto ampliar de cinco a diez años el plazo de devolución de la deuda autonómica con el Estado. Sin embargo, horas después, el futuro presidente echó agua al vino y aseguró por boca de sus colaboradores -aún no ha hecho declaraciones desde que ganó las elecciones- que esa medida se adoptará en función de la situación económica del Estado central.
La decisión no es baladí. Elevar a diez años el plazo para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 supone para las comunidades una inyección de liquidez de 2.400 millones de euros en 2012. A pesar de que esta cuestión es prioritaria para los territorios y puede modificar sensiblemente sus presupuestos, el tema no se trató durante la reunión que Rajoy mantuvo con los presidentes autonómicos de su partido.
Al menos, así lo aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el líder popular en Andalucía, Javier Arenas. La actual deuda de las comunidades con el Estado se originó en 2008 y 2009, cuando la caída de la recaudación provocó que los anticipos que las regiones reciben del Estado superaran notablemente los ingresos reales. Deben devolver 5.499 millones por el ejercicio de 2008 y 18.736 por el de 2009. El Gobierno, ante una situación que amenazaba con ahogar a las comunidades, aprobó que las liquidaciones se abonaran en 60 mensualidades (cinco años). La deuda originada en 2008 se empezó a pagar este año y, la correspondiente a 2009, se retornará a partir de 2012. Cuando Rajoy estaba en la oposición, reclamó desde la tribuna del Congreso que el Gobierno elevara el plazo de devolución. Y las comunidades lanzaron dudas acusaciones a Zapatero por no acceder a sus peticiones. Ahora, las regiones gobernadas por el PP, que son la mayoría, y Rajoy optan por la cautela.
Aguirre llega tarde
El futuro presidente tiene otro frente abierto. Las comunidades reclaman que el Ejecutivo central abone ya el llamado fondo de competitividad, un recurso que Economía aplazó para 2013. La Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid interpusieron un recurso contra esta decisión. En cualquier caso, Arenas aseguró que este tema tampoco se trató en la reunión de ayer. Entre las ausencias, destacó la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que a la misma hora del encuentro se encontraba en su sede conmemorando el 33 aniversario de la Constitución. En cualquier caso, Aguirre -que mantiene una relación tensa con Rajoy- se incorporó más tarde al encuentro, al que tampoco asistieron los presidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Murcia, Ramón Luis Varcárcel. De la reunión celebrada en Génova salieron grandes compromisos y poca letra pequeña.
Tomas de posesión, el 21 de diciembre
Los presidentes autonómicos del PP coincidieron en que resulta prioritario cumplir la senda de reducción del déficit, que establece que los números rojos no pueden sobrepasar el 1,3% del PIB este año y el próximo y cerrar en el 1,1% en 2013. Algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, ya anticipan que, este ejercicio, incumplirán el objetivo.
En cualquier caso, todas las comunidades se comprometieron a aprobar en sus respectivos Parlamentos reglas que limiten el gasto público y que recojan el espíritu de la reforma constitucional aprobada en noviembre que incluyó en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria.
Arenas informó que se creará un grupo de trabajo para detectar y suprimir duplicidades entre las administraciones. El PP trabaja en un plan de eficiencia que permite recortar gasto público "sin afectar a los "servicios básicos". Por otra parte, Cospedal señaló que el debate de investidura se celebrará el 19 y 20 de diciembre. Rajoy tomará posesión el 21 y el primer Consejo de Ministros se celebrará el viernes 23. Las prioridad a corto plazo pasa por sanear el sistema financiero, atajar el déficit público y aprobar una nueva reforma laboral.
Euskadi y La Rioja, a la greña
El Gobierno vasco pidió ayer la intervención del Ministerio de Sanidad para obligar al Gobierno de La Rioja a que vuelva a prestar atención sanitaria a los pacientes del sur de Álava, un conflicto que afecta también a Navarra.El ejecutivo riojano del popular Pedro Sanz decidió en septiembre dejar de atender en su hospital de Logroño a los pacientes de localidades limítrofes a La Rioja, tanto vascos como navarros, y reclamó una contraprestación económica para seguir haciéndolo.Ayer concluyó el plazo que se dieron los gobiernos vasco, riojano y navarro para cerrar un pacto y, al no haber podido acercar posturas, el Ejecutivo que preside Patxi López dio por terminadas las negociaciones y optó por solicitar el amparo del Gobierno central.El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, advirtió de que la decisión de La Rioja afecta a la "cohesión nacional" y puede provocar un "efecto dominó" en el conjunto de España, ya que todas las autonomías prestan servicios sanitarios a vecinos de comunidades colindantes por razones de proximidad geográfica. Bengoa lamentó que por primera vez en la historia de la democracia se use a los pacientes "para fines políticos" y acusó al Gobierno de La Rioja de mantener como "rehenes" a los 9.000 vascos que recibían atención sanitaria en Logroño.