No hay tiempo que perder
La voluntad política de los españoles manifestada el pasado día 20 ha otorgado al Partido Popular y a su líder, Mariano Rajoy, la responsabilidad de sustituir al PSOE en el Gobierno de la nación. Ahora corresponde aplicar los mecanismos constitucionales, que aunque puedan ser considerados de trámite, no son menos importantes en la arquitectura institucional que establece nuestra Carta Magna: deben constituirse las nuevas Cortes Generales, el Rey realizará las correspondientes consultas con los representantes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para proponer un candidato que, posteriormente, deba someterse a la investidura como presidente del Gobierno y este, si la consigue, nombrar un nuevo Gabinete.
Puede parecer chocante que haya empezado estas reflexiones explicando un proceso que es de sobra conocido, pero viene a cuento porque la grave situación económica en la que se encuentra España nos está induciendo a reclamar ya la adopción de medidas que el Gobierno saliente no ha querido adoptar con el rigor que requiere la coyuntura y que el partido que va a gobernar todavía no está en condiciones legales de poder acordar. Por ello, creo que es imprescindible que el Gobierno en funciones y el partido llamado a formar el nuevo se pongan de acuerdo en este mes prácticamente de interinidad. Más allá de que socialistas y populares hayan manifestado su disposición a realizar un traspaso de poderes impecable, cuestión que por supuesto doy por obvia, no estoy hablando de un Gobierno de coalición en funciones, sino en funciones de coalición, si se me permite el juego de palabras.
Tenemos compromisos con nuestros socios europeos inminentes ante los que España debe responder sí o sí con una posición sólida y creíble ante el temporal económico-financiero del que no hemos sido capaces de salir por no haber adoptado las medidas que, en el caso de los empresarios, venimos reclamando desde hace un par de años y que, aunque no se quiera ver, coinciden con las que las instituciones comunitarias e internacionales le vienen reclamando al Gobierno saliente con insistencia.
Medidas extraordinariamente urgentes que deben tener como objetivo sustancial acabar con las dos Españas que existen en la actualidad: la de los que afortunadamente tenemos trabajo y la de los cinco millones de españoles que viven la dramática situación de estar en paro. Los empresarios lo hemos dicho por activa y por pasiva: es imprescindible una auténtica reforma laboral que acabe con regulaciones que se han quedado antiguas por rígidas e inútiles en estos tiempos que vivimos. Reclamamos una regulación en este terreno que nos equipare a aquellos países de nuestro entorno que las llevan aplicando desde hace muchos años y que no parece que les hayan dado mal resultado, sino más bien todo lo contrario.
Como es imprescindible acabar con la reforma del sistema financiero y adoptar mecanismos que permitan que el crédito vuelva a las empresas y a los particulares. La actual sequía, de prolongarse mucho más, puede hacer absolutamente inviable la vida de muchas más empresas, que se verán obligadas a cerrar, con la consiguiente aportación nefasta de nuevas cifras de parados a añadir a las ya inconcebibles hasta hace poco.
Las Administraciones públicas deben hacer un esfuerzo de rigor en el gasto público. Nadie duda ya de que no se pueden mantener estructuras duplicadas, triplicadas y hasta, en algunos casos, cuadruplicadas que lo único que hacen es añadir ineficacia y despilfarro. Ineficacia por la multiplicidad normativa que hace imposible la vida económica de unas empresas que tienen que hacer frente en su propio país a leyes distintas por el simple hecho de pasar de una comunidad autónoma a otra. Y despilfarro, porque se ha gastado más de lo que han ingresado, y no parece que siempre con sentido común.
Como se debe también proceder a racionalizar y adecuar nuestro gasto sanitario, para poder garantizar que nuestra sanidad pública siga siendo uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar. Y reformar sin duda la Administración de justicia para evitar que los procesos se eternicen en un ir y venir de recursos que convierten sus resoluciones, en muchas ocasiones, en un problema nuevo más que en una solución. O reformar nuestro sistema educativo y tantos otros aspectos de nuestra vida colectiva que nos permitan estar a la altura de un mundo nuevo, que ya no se rige por los parámetros que hemos conocido durante el siglo pasado.
En definitiva, abordar con rigor y voluntad de acuerdo lo que yo vengo denominando desde hace bastantes meses un Plan Renove para España. Estamos ante una de las coyunturas históricas más trascendentales de nuestra historia reciente. Y ahora ya debemos hacerle frente de una vez por todas con determinación y sabiendo que de su solución dependerá el futuro de España para bastantes décadas. Los empresarios estamos dispuestos a asumir, una vez más, nuestra responsabilidad y tendemos la mano a los sindicatos para alcanzar sin dilaciones inútiles acuerdos de calado sobre las materias que nos competen. Y pedimos a los responsables políticos, en el Gobierno o en la oposición, que sean conscientes de que el resto de Europa nos exige cambios mejor hoy que mañana. No hay tiempo que perder.
Arturo Fernández. Presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y de la Cámara de Comercio de Madrid