Solicitarán al nuevo Gobierno una reforma de la Ley de Hacienda Local

Los auditores piden forzar la revisión de las cuentas públicas

Ofensiva del sector de la auditoría en favor de la transparencia de la Administración pública. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), el Consejo General de Colegios de Economistas y el Consejo Superior de Colegios de Titulados Mercantiles pedirán conjuntamente al nuevo Gobierno del PP una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que todas las Administraciones públicas sean sometidas anualmente a revisión de cuentas. "Esto no ocurre en numerosas instituciones, sobre todo en el ámbito local", aseguran.

El presidente del ICJCE, Rafael Cámara, explicó ayer en Vigo que, según el Tribunal de Cuentas, el 36% de los ayuntamientos "ni siquiera ha presentado las cuentas de 2008 y, por supuesto, ningún organismo las ha fiscalizado". La revisión de las cuentas de las Administraciones no tendrían por qué hacerlas firmas privadas, explican desde el ICJCE, sino que podría correr a cargo de los órganos de intervención pública.

Estas fueron algunas consideraciones se realizaron ayer en Vigo en la segunda jornada de XX Congreso Nacional de Auditoría, organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. El cónclave reúne a responsables del mundo financiero, de la CNMV, la CEOE, además de letrados y magistrados.

La auditoría de cuentas en España implica a unas 20.000 personas, que trabajan para unas 1.300 sociedades y firmas profesionales. El sector facturó en 2010 730 millones de euros, con un incremento del 4% en relación al ejercicio anterior. Ese año los auditores realizaron más de 70.000 auditorías, entre voluntarias y obligatorias.

Cámara puso también de manifiesto el incremento del 10% en el número de auditorías voluntarias realizadas en España en 2010, es decir, a petición de empresas que no están obligadas a dicha revisión bien por no alcanzar el mínimo de facturación que marca la ley bien por no estar cotizadas. Según el ICJCE a partir de cifras del Ministerio de Economía y Hacienda, el 25% de las auditorías que se realizaron el año pasado fueron voluntarias, unas 17.000 actuaciones. Cinco años atrás, en 2006, esta cifra no llegaba a 14.000.

El presidente volvió a criticar el Reglamento de Auditoría que acaba de aprobar el Gobierno y que ha sido fuertemente rechazado por las tres corporaciones. Los profesionales consideran que se ha roto el consenso en torno a la Ley de Auditoría y perjudica la calidad de las revisiones de cuentas y a las firmas medianas y pequeñas.

En la conferencia inaugural, el vicepresidente de Inditex, Carlos Espinosa de los Monteros, apuntó que el auditor "es una pieza clave para restablecer la confianza" en la situación económica actual. Auguró una buena evolución para el sector, con incrementos de la facturación anuales del 5% o el 6%. "Probablemente, en un par de años o tres alcance una facturación de 1.000 millones", añadió.

El vicepresidente del ICJCE, José María Fernández Ulloa, apostó por que los auditores tienen que "innovar, ser creativos y dar a los clientes un valor añadido". Alberto Terol, asesor de BNP Paribas y consejero de Indra y OHL, abundó en esta idea al afirmar que "existe una necesidad de una información fiable, veraz, al día, con un análisis de riesgos que es requerido a la hora de tomar decisiones".

Recetas de la empresa para salir de la crisis

"Estamos ante el momento de dar un salto de calidad en la información que ofrecen las empresas y las Administraciones", aseguró ayer el presidente del ICJCE, Rafael Cámara. Este salto de calidad impulsaría la transparencia y la confianza económica. "De esta crisis se sale con más transparencia, que es lo que demandan los ciudadanos", añadió. En esta línea, Rafael Cámara ve necesario ampliar a otros ámbitos, además del financiero, la información que ofrecen las empresas a los mercados.

Durante la jornada de ayer los empresarios apuntaron medidas para la creación de empleo. Así, la vicepresidenta de la CEOE, Pilar González de Frutos, cree que el próximo Gobierno debería "controlar el gasto público y reestructurarlo, concluir la reordenación del sector financiero, realizar una reforma laboral que sea más flexible en la contratación, en el tiempo que esté en vigor el contrato y en su finalización". "No queremos subvenciones sino condiciones más fáciles para crear empleo", finalizó.