COLUMNA

La economía española, entre la deuda y el paro

Victoria limpia la del PP de Rajoy; reconocida y felicitada por todos pero sin tiempo para disfrutarla. Los problemas que derribaron al Gobierno siguen vivos y amenazantes: la combinación de precios crecientes (más que la UE) y la alta tasa de paro (la mayor de todos los países desarrollados). Ambos problemas se acompañan de un elevado endeudamiento, cada vez más costoso, difícil de renovar y que afecta a las familias, a las empresas y también a las Administraciones públicas, que han crecido en exceso, pero especialmente a las entidades financieras, bancos y cajas, entre las que hay algunas de alto nivel internacional y otras que están siendo integradas en las más eficientes, creándoles nuevos problemas. Para completar el cuadro, la UE, que es el financiador principal, tiene serias reticencias respecto a la capacidad del país, básicamente por la gestión de los últimos cuatro años y las similitudes con Italia, Grecia y Portugal que, junto con Irlanda, configuran el oprobioso nombre de PIGS. Hay más circunstancias problemáticas, pues una parte de la población inmigrada retorna a su lugar de origen. El mal tiempo parece que quiere quedarse, pero se le puede combatir con sacrificio, tesón y buen orden.

En una primera andanada es la propia Administración la que debe ponerse en orden, sin lo que es muy difícil avanzar en otros ámbitos. Hay que reducir los niveles de las Administraciones, recortar efectivos desde el Parlamento hasta los ayuntamientos y conviene que buena parte de estos se agrupen aprovechando las ventajas de la comunicación y de los desplazamientos. A Portugal se le exigió desde la UE algo similar, pero añadiendo la venta de edificios y de terrenos, reducción de plantilla y un largo etcétera, que se completaba con la exigencia de acabar con el recurso al endeudamiento. Dice el refrán que muchos pocos hacen un mucho, y ahí hay un amplio espacio para reducir gastos, desde vehículos hasta subvenciones discutibles, gastos suntuarios y todo lo que sobre tras un vigoroso esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias. Esta parte es la faz. El envés requiere eficiencia, calidad y estabilidad en las normas, eliminar las diferencias entre territorios, simplificación, evitar discrepancias en las exigencias para los ciudadanos y las holguras de los supervisores. Las empresas públicas no deben tener privilegios de ningún orden frente a las otras y también deben auditarse con expertos externos y en los mismos plazos. Las obras de infraestructuras públicas deberían sustentarse en criterios de coste-beneficio. Convendría evitar tasas puramente recaudatorias y eliminar las que tienen esta característica.

Por mucho que ahorren las Administraciones, su esfuerzo no será suficiente si no se vuelve al empleo y a la producción rompiendo la lacra que supone estar en el lugar 42 de un total de 43 países con datos aceptables. El siguiente y último es Sudáfrica.

En el ámbito laboral es necesario que la negociación colectiva se pueda aplicar, de forma generalizada, en el ámbito de la empresa; debe aumentarse la flexibilidad externa e interna y simplificar la complejidad de contratos laborales. Las empresas estarán dispuestas a contratar por tiempo indefinido si pueden provisionar los pagos para las indemnizaciones y se iguala el coste del despido con el de la media de la UE. También considerarán adecuado que el ejercicio del derecho de huelga no pueda derivar en daños a terceros o boicots. Se reducirían las deslocalizaciones de empresas, incluyendo las extranjeras, si se evitan los abusos en la incapacidad transitoria y se vincula, como en la UE, los salarios con la productividad. Para mantener la competitividad se debería poder amortizar las inversiones con los mismos criterios de la media de la UE y aplicar este enfoque hasta igualar la carga fiscal con la media de la UE. Hay atraso -a veces pura distorsión- en la aplicación de la normativa de servicios de la UE. Habría que llevar hasta el final el proceso de saneamiento del sistema financiero cuidando de no cargar en exceso a las entidades solventes y tratar de que se vuelva a la competencia en costes tolerables para la inversión.

El futuro de la juventud está en su cualificación, que es manifiestamente mejorable. Debería considerarse como una prioridad absoluta. La dignidad de los profesores afecta también a la cultura y a la economía. El esfuerzo se impulsa con la competencia, que debe ampliarse a los sectores intervenidos eliminando incertidumbres, como la puesta al día del coste de la energía eléctrica.

Joaquín Trigo. Director General del Instituto de Estudios económicos